LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El viceministro de Coordinación con los
Movimientos Sociales, Cesar Navarro, aseguró el martes que no retrocederá en el
proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado para
encarar una lucha efectiva contra ilícitos.
Consultado sobre el pedido del
autotransporte y de los gremiales de anular la nueva norma aprobada en grande
en la Cámara de Diputados, Navarro sostuvo que es una decisión gubernamental
luchar contra el contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y
corrupción.
"No vamos a retroceder en la
sanción a los hombres y mujeres que están generando contrabando y delincuencia,
no vamos a retroceder. Vamos a defender los derechos de los compañeros
transportistas y gremialistas pero de ninguna manera so pretexto de esos
derechos vamos a proteger al narcotráfico y contrabando que está vigente oculto
bajo esas actividades en el país", manifestó.
Navarro consideró que la
anulación del proyecto de ley significa garantizar la inseguridad ciudadana con
la operación de grupos organizados que generan un "alto nivel de
narcotráfico, de contrabando y corrupción".
"Tiene que haber sanción a
esos hechos y hemos hecho varias intervenciones que están permitiendo anular
esos grupos, además nosotros necesitamos
establecer elementos que necesitan sancionar y anular legalmente ese tipo de
hechos irregulares que se están generando en el país", dijo.
Asimismo, el Viceministro de
Coordinación con los Movimientos Sociales aseveró que el Gobierno respetará los
derechos de los transportistas y gremiales mediante la exclusión de esos
sectores de las sanciones, pero ambos se niegan a la implementación de la
norma.
"Una cosa es defender a los
compañeros agremiados que tienen todo el derecho de estar protegidos y otra
cosa es defender a algunos sectores o personas que están utilizando la
actividad comercial o de los transportistas para generar contrabando en el
país", apuntó.
El proyecto de Ley establece que
en caso de flagrancia, la Procuraduría procederá al decomiso e incautación de
todos los bienes que sean producto de alguna actividad ilícita, otorgando a los
afectados un plazo para que presenten sus descargos.
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