El secretario General de la ABC, Antonio Mullisaca, aseveró que AMVI tiene
diez años de experiencia en el mercado y pude desenvolverse en un territorio
como el Chapare, donde llueve seis meses al año.
“Es una asociación como cualquier otra (…) en este caso ofrecía una
capacidad de movilización que no ofrecen otras empresas; tiene ahí campamentos
y una experiencia de diez años de mantenimientos de carretera en el sector,
trabajar en el Chapare es trabajar con seis meses de lluvia al año”, declaró en
conferencia de prensa.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), Daniel Sánchez, aseveró que cualquier persona o asociación tiene
derecho a participar de la adjudicación del proyecto vial, de lo contrario
sería discriminatorio.
“Cualquier persona, cualquier asociación; sea cocalera, sea empresarial
pueden participar; sería discriminatorio decir éstos pueden y éstos no, por
tanto es una decisión que el gobierno ha tomado”, señaló Sánchez.
“Sobre nuestros cadáveres”
La vicepresidenta de la Subcentral TIPNIS, Laida Núñez, señaló que la
decisión del gobierno de contratar a la empresa AMVI, junto a la estatal
Empresa Boliviana de Construcción (EBC), sólo demuestra el apoyo del gobierno
al sector cocalero porque son los más interesados con la ejecución de la
vía.
Por lo cual la líder indígena señaló que los pobladores del Parque están
dispuestos a todo como ofrendar sus vidas para que la vía no pase por medio de
su territorio.
“Los hermanos están firmes y dicen que la carretera va pasar sólo por sus
cadáveres porque el territorio no ha sido regalo de ningún gobierno, mucho
menos del Presidente (Evo Morales)”, aseveró Núñez a la Agencia de Noticias
Indígenas de Erbol.
Dijo que los cocaleros del polígono 7 del TIPNIS aprovecharán el paso de la
carretera para avasallar el territorio indígena como ocurre en la actualidad en
comunidades como San Miguelito y Mercedes de Lojojota.
“El presidente Evo Morales es el presidente de las seis federaciones del
Trópico de Cochabamba y lo presionan a él; por qué lo presionan porque los
cocaleros quieren las tierras de los indígenas porque ahí donde siembran su
coca ahí ya no se produce por eso ellos quieren sí o sí la tierra de los
pueblos indígenas para sembrar sus cocales”, señaló.
Añadió que la justicia está del lado del gobierno y viendo que éste no
atiende sus demandas, ni respeta los logros de la VIII marcha se ven obligados
a defender su territorio. Convocó a la población boliviana a sumarse a la lucha
del movimiento indígena.
“Se hicieron la VIII y IX marcha, pero el
gobierno no nos ha escuchado y qué podemos hacer nosotros; hacer nuestra
defensa propia, resistir y buscar las estrategias de cómo se puede salvar
nuestro territorio, nuestras vidas”, puntualizó.
La Paz, 10 octubre 2012 – A.A./
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