COLOMBIA (ANBOLIVIA / Tomado de
elespectador.com).- Unos 1.500
kilómetros cuadrados de cocales en los Andes han mantenido su superficie
estable a lo largo de los años, alimentando un mercado de la cocaína de más de
100.000 millones de dólares, pese a los esfuerzos desplegados contra la
producción de esta droga ilegal.
Casi 20 años de cruenta guerra contra las drogas junto a miles de millones
de dólares invertidos le han dado algún resultado a Colombia, que aspira este
año a cederle el primer lugar mundial como productor de cocaína a Perú.
Pero el declive de Colombia, tanto en área cultivada como en refinación,
rendimiento de la hoja y rentabilidad del negocio, se compensa con aumentos
constantes en Perú y Bolivia, los otros dos principales productores en el
mundo. Es el efecto globo del narcotráfico, que se aplica tanto a la producción
como al trasiego: se aprieta en un lado y crece en otro. Y el área cultivada se
mantiene estable a lo largo de los años, equivalente a la suma de los
territorios de Singapur y el emirato de Bahréin.
Hasta 2010, Colombia rivalizaba con Perú tanto en áreas sembradas (62.000
hectáreas en Colombia y 61.200 en Perú) como en producción de clorhidrato de
cocaína (350 toneladas anuales en Colombia y 320 en Perú). Pero para 2011, los
expertos proyectaban que Perú pasaría a ocupar el primer puesto en ambos
aspectos. “Todo lo que se ha disminuido en Colombia se ha devuelto a Perú y
Bolivia”.
“Los laboratorios han ido a Ecuador y Venezuela, y el tráfico a
Centroamérica y a México”, señaló el economista colombiano Daniel Mejía,
director del Centro de estudios sobre seguridad y drogas de la Universidad de
los Andes. El informe 2012 de la ONU sobre drogas, difundido el 26 de junio, no
confirmó el ascenso de Perú ya que fue publicado sin los datos de sembradíos y
producción de cocaína correspondientes a 2011.
El reporte destacó la “muy importante reducción de la elaboración de
cocaína en Colombia” desde 2006, cuando su producción anual alcanzaba las 660
toneladas. De grandes terratenientes a pequeños campesinos Ese mapa contrasta
con el de hace 20 años, cuando los cárteles del narcotráfico colombianos eran
los más poderosos y controlaban desde la siembra hasta la venta menuda en las
calles de las ciudades estadounidenses.
Los cárteles colombianos habían comenzado participando sólo en el tráfico
de cocaína, que traían de Perú y en menor medida de Bolivia. Pero las
plantaciones y laboratorios se trasladaron a Colombia a principios de los años
1990, luego de que el entonces presidente peruano Alberto Fujimori decretó una
interdicción aérea que dificultó el tráfico.
Esa interdicción estuvo vigente hasta 2001, cuando fue derribada por error
una avioneta en la que viajaban misioneros estadounidenses. La violencia que
desataron los narcotraficantes colombianos llevó a que se les considerase un
desafío al Estado y su combate se convirtió en un asunto de seguridad nacional,
desatando una guerra que ha dejado miles de muertos. “La diferencia de Colombia
con los otros productores de coca es que en este país ha habido un conflicto
armado interno desde mediados de los años 1960”, señaló Mejía. “Cuando la
guerrilla Farc y los paramilitares se vincularon al negocio de la cocaína
ya eran ejércitos formados”, señaló Mejía.
En 2000, el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana suscribió con
Estados Unidos el Plan Colombia, de lucha antidrogas y contra las guerrillas,
con el cual el país andino ha recibido hasta ahora unos 8.000 millones de
dólares, además de cooperación en entrenamiento y tecnología.
El Plan Colombia implicó también una interdicción aérea, lo que ha llevado
a que la droga colombiana salga por vía terrestre y marítima, incluso con la
fabricación de semisumergibles artesanales. Desde entonces, los grupos
narcotraficantes colombianos se han fragmentado, han perdido el control de las
rutas de exportación y ven sus ingresos reducidos. La fumigación de los
cultivos de coca, que únicamente se practica en Colombia, ha hecho caer la edad
promedio de las plantas y por tanto su productividad.
Además, para evitar su detección, los lotes que llegaron a ser de hasta 100
hectáreas tienen extensiones promedio de 0,6 hectáreas. Eso obliga al acopio de
producciones de calidades diferentes y requiere de procesos adicionales de
oxidación para la elaboración de la pasta base, según estudios de la ONU. Y ha
provocado que un campesino dedicado a la hoja de coca obtenga tan solo entre
400.000 y 500.000 pesos mensuales (entre 225 y 280 dólares), menos que el
salario mínimo.
“Se calcula que el negocio de las drogas en Colombia produce unos 8.000
millones de dólares anuales, equivalentes a 2,3 por ciento del Producto Interno
Bruto. De ese monto, 71 por ciento se destina a remunerar al eslabón del
tráfico, 9 por ciento al del cultivo, 5 por ciento a la transformación en pasta
base y 15 por ciento a la trasformación en clorhidrato” de cocaína, el producto
final, apuntó Mejía.
Para Aldo Lale Demoz, representante en Colombia de la oficina de la ONU
contra la droga y el delito (UNODC), pese a los logros en el combate a los
estupefacientes, el problema seguirá existiendo. “Es iluso pensar que se va a
acabar con el problema. Lo que se pretende es controlarlo, que la droga sea de
difícil acceso y cara, que no llegue a los menores de 18 años”, dijo Lale Demoz
a la AFP.
Cultivo intensivo y poca violencia Así como en Colombia el negocio se
deprime, en Bolivia se aplican técnicas que prácticamente han duplicado el
rendimiento de la hoja de coca, con el uso de precursores químicos con los que
se extrae más eficientemente el alcaloide, según la UNODC.A diferencia de
Colombia y Perú, que cooperan estrechamente con Estados Unidos, el gran mercado
consumidor de drogas, Bolivia expulsó en 2009 a la agencia estadounidense
antidrogas DEA.
Su producción está destinada principalmente a Brasil, donde el consumo de
cocaína y anfetaminas se ha cuadriplicado en la última década, y a Europa. Se
estima que de las 115 toneladas de producción anual de cocaína en Bolivia, 60
por ciento pasa a Brasil, país que este año comenzó a ofrecerle asistencia para
el control de las plantaciones.
Bolivia cuenta con unas 31.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, de
los cuales 12.000 están destinados a usos tradicionales y son legales. También
en Perú, donde se calcula que hay 4 millones de personas que mascan coca, parte
de los sembradíos sirven al uso tradicional de la hoja. Pero allí la siembra se
ha intensificado en los años recientes.
De un promedio de 80.000 plantas por hectárea en los cultivos para uso
tradicional, se sube hasta 350.000 en el Valle del Río Apurimac y Enec (VRAE,
sur), una de las dos grandes cuencas de producción de ese país, junto con el
Valle del Alto Huallaga (norte), según el economista peruano y exviceministro
del Ambiente Hugo Cabieses.
Y aunque en esos dos valles hay presencia de grupos armados remanentes de
la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que cuidan los cultivos y se benefician
del negocio de la droga, no se genera la violencia que ha estigmatizado a
Colombia. “En el Valle del Apurimac actúa la familia Quispe Palomino, que tiene
una propuesta política focalizada en el territorio que controlan”.
“Tratan de no provocar muertes entre los líderes de la zona y eso les ha
permitido una articulación con los movimientos sociales del lugar”, explicó
Cabieses. En el valle de Huallaga, en cambio, aunque se actúa con violencia los
crímenes no causan alarma en el país. “Se trata de una zona rural, muy pobre y
aislada. La violencia está concentrada allí, pero no trasciende a nivel
nacional y no incide de modo importante en el índice de homicidios del país”,
apuntó a la AFP Javier Ciurlizza, director del programa para América Latina del
grupo de análisis de conflictos International Crisis Group.
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