LA
PAZ, BOLIVIA (ANBOLIVIA / Erbol).-El pleno de la Cámara
de Diputados aprobó la tarde de hoy en grande y en detalle el proyecto de Ley
Integral Contra la Trata y Tráfico de Seres Humanos, norma que contempla 44
artículos, entre los cuales se dispone sanciones de 15 a 20 años para quienes
incurran en este delito.
Otro aspecto relevante,
según la titular de esa instancia del legislativo, Rebeca Delgado, es el
artículo 23 que establece la prohibición de toda publicidad en medios de
comunicación que oferte servicios sexuales, debido a que la explotación
corporal de adolescentes es considerado como una de la finalidades de la trata.
Los datos sobre el
texto indican que se incorpora el uso de agentes encubiertos para la
investigación de este crimen, la interceptación y grabación de llamadas ante
indicios del delito y el apoyo que brindarán las Fuerzas Armadas (FFAA)
para el resguardo de las fronteras con el objetivo de evitar la salida
clandestina de menores.
Por su parte, uno de
los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, instancia donde se discutió y
elaboró el proyecto, diputado Antonio Molina, resaltó la importancia de la
norma, más cuando el secuestro y desaparición de adolescentes entre 14 y 17
años se incrementa en territorio nacional.
De acuerdo con un
informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), cada año 800 mil
personas sufren el flagelo de la trata en el mundo y se estima que unas 40 mil
de esas víctimas estarían en Bolivia.
Impunidad
judicial
Durante la pasada
gestión, la División de Trata y Tráfico de Seres Humanos, dependiente de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, registró, solo en
este departamento, 78 casos de este delito, permitiendo la aprensión de 48
personas. Sin embargo, por trabas jurídicas ninguno de estos procesos llegó a
sentencia, ocasionando la libertad de los presuntos culpables.
Actualmente, sigue en
vigencia la primera norma contra la trata y tráfico de seres humanos, Ley 3325
del año 2006, que desde su promulgación solo permitió la sanción de 18 personas
en casi un centenar de procesos. Ese asigna, como mayor sanción, una pena de 12
años.
La Paz, 12 junio 2012 -
J.A.P./
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