COOPERATIVAS, ORO Y CRIMINALIDAD: CRÓNICA DE LA VIOLENCIA ANUNCIADA EN YANI

MINERÍA

SORATA, BOLIVIA (ANB / Erbol / Liliana Carrillo V. / Yani- La Paz).- El ataque comenzó hacia la una de la madrugada del jueves 3 de abril. “Casi una hora han durado los disparos de metralleta hasta que ha explotado la bomba”, coinciden los sobrevivientes del último conflicto entre cooperativas mineras en el cantón Yani, en la provincia paceña Larecaja. La detonación, aparentemente de un explosivo manejado remotamente, destruyó parte del campamento “Hijos de Ingenio” y se llevó consigo cinco vidas: tres jornaleros, una mujer y un bebé de un año.

 

No fue el primero. Enfrentamientos violentos y muertos se reportan en la región aurífera de Yani desde hace un lustro. Sólo en 2024, los conflictos entre cooperativas que operan en el cantón dejaron dos policías fallecidos y una decena de heridos de bala.

¿Por qué, habidos los antecedentes, no hubo acciones de prevención? ¿Por qué se perdieron cinco vidas en un ataque que hasta ahora no tiene responsables? ¿Es Yani apenas la punta del iceberg de la criminalidad que se oculta tras la extracción aurífera cooperativista?

 

“Ante la falta de normativa, la falta de capacidades interinstitucionales para establecer mecanismos de control que entiendan que la lucha contra la minería ilegal es transversal y los beneficios que tiene el sector cooperativista, Bolivia corre el riesgo de generar un modelo propio de minería ilegal en el que la figura del cooperativismo sea utilizada por actores criminales. Y un ejemplo de aquello es lo que sucede en Yani, donde operaciones de tipo militar están siendo ejercidas por actores productivos mineros”, expone el abogado Jaime Cuellar, especialista en temas mineros.

 

Cumbre de cooperativas

 

El camino que lleva al cantón Yani desde Sorata es serpenteado como el katari. Se asciende entre la yunga hasta ver en plenitud al Illampu y a su hermano mayor pero menos famoso: el Ancohuma. Se trepan dos cumbres nevadas, se baja por una montaña oscura y se recorre un tramo de tierra; dos cumbres, una montaña, un tramo de tierra.

Tras una hora de viaje aparece el primer campamento minero con dragas, camiones y techos de color naranja de la Cooperativa Minera Aurífera Unión Progreso RL. Hay que ascender hasta los 4.300 metros de la cumbre Calacruz para divisar, entre recuas de llamas, el letrero de la Cooperativa Minera Aurífera Yani RL: “Prohibido el ingreso de vehículos públicos y personas no autorizadas”, advierte. 

El descenso desde la cumbre está sembrado de otras cooperativas auríferas, muy cercanas unas de otras: San Vicente, Entre Ríos, San Pablo, La Suerte, Ximena, 24 de junio, Coronación, San Mateo, San Lucas (con llamativa cancha de fútbol de pasto sintético), Milenio, 2 de mayo, Nueva Fortuna, Norah, Ingenio, Señor de Mayo, Hijos de Ingenio… Estas dos últimas, las protagonistas de los recientes enfrentamientos.

Las cooperativas proliferaron en Yani, como en todo el país, desde los años 80 hasta consolidarse como el mayor actor en la minería boliviana debido a la subida de los precios de los minerales, especialmente del oro, pero también gracias a las facilidades legales e impositivas otorgadas por el Gobierno. En conjunto, las cooperativas generan el 58,1% de la producción minera del país y aportan el 0,2% de los impuestos, según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia y del INE.

 

De acuerdo a datos del Viceministerio de Cooperativas Mineras, en el país operan 2.300 cooperativas que registran más de 130.000 socios en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fedecomín). De éstas aproximadamente el 70 % son auríferas, están concentradas en La Paz y cubren el 99 % del oro que se produce en Bolivia.

 

Las cooperativas nacieron con un sentido comunitario de solidaridad y trabajo conjunto, pero en los hechos se han convertido en empresas dirigidas por pocos socios fundadores o kajchas que emplean a miles de obreros o jornaleros sin contratos legales ni beneficios laborales.

“Las copes más antiguas son las más fuertes. Ahí puedes entrar como jornalero, pero imposible que llegues a ser socio. No se permite que ningún foráneo sea socio, aunque tengas plata, tienes que ser lugareño”, explica Pedro C., minero, agricultor, futbolista, chofer afiliado a un sindicato de Sorata y a la postre el guía del viaje.

 

En las listas de socios de las afiliadas a la Central de Cooperativas Mineras Yani Liguata R.L. hay apellidos que se repiten incluso en auríferas en pugna: Quito, Limachi, Quispe, Panti… “Hay familias lugareñas que se juntaron y consiguieron una concesión; luego sus hijos también lograron otras y como no hay límites claros aquí, terminan peleando”, añade Pedro mientras, entre construcciones y maquinaria minera, ya se divisa Yani, el pueblo de piedra.

 

“Señor de Mayo” vs “Hijos de Ingenio”

 

Vecinas al pueblo de Yani y con no más de 500 metros de distancia entre sí, las cooperativas “Señor de Mayo” e “Hijos de Ingenio” mantienen una disputa de larga data por las áreas mineras “San Ernesto” y “Protectora”, además de una zona libre que no cuenta con autorización para labores mineras. Los conflictos se remontan al año 2000 con procesos judiciales por supuestos títulos de propiedad y denuncias de avasallamientos.

Desde 2023, las inspecciones técnicas de la Autoridad Minera confirmaron explotación ilegal de oro en áreas libres o francas en el cantón Yani y determinaron la paralización de actividades en al menos tres oportunidades. Para entonces la violencia campeaba en la zona.

 

El 23 de abril 2024, un enfrentamiento entre mineros de “Señor de Mayo” e “Hijos de Ingenio” dejó a un adulto y a un niño con heridas de bala; el 24 de julio otro conflicto derivó en la muerte de dos policías que eran parte de la tropa que acudió a una inspección en el cantón Yani tras una denuncia por minería ilegal de la cooperativa “Señor de Mayo”.

El 25 de julio de 2024, la AJAM La Paz emitió una nueva Resolución de Suspensión de todas las actividades mineras ilegales en el área libre de Yani y solicitó apoyo a la Policía Nacional para su ejecución.  No obstante, el 12 de marzo de 2025, la AJAM nacional anuló la Resolución de Suspensión departamental debido a “inconsistencias” en el expediente administrativo. Tres semanas después se produjo el ataque que dejó cinco muertos en el campamento “Hijos de Ingenio”.

Erbol envió cartas de solicitud de información y petición de entrevistas sobre el tema tanto a la AJAM nacional como a la departamental de La Paz. Pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

 

Pueblo de piedra y oro

Los niños de la Unidad Educativa Yani acaban de salir al recreo y se amontonan en el puesto de “sopitas” de fideo frente a la escuela. Sólo sus risas rompen el silencio en este pueblo incrustado en la montaña y orgulloso de sus construcciones de piedra laja que se remontan a tiempos antiguos. Puestas una sobre otra, las rocas oscuras arman casas con ventanas y puertas pequeñas envalentonadas por sus pesadas aldabas.

 

Yani es Patrimonio Cultural de Bolivia por Ley 729, del 18 de marzo de 1985, debido, precisamente, a esas viviendas macizas y a la iglesia de piedra del Señor “Sal si puedes” que sale en procesión con el rostro cubierto cada 3 de mayo. No obstante, la carta de presentación del pueblo es el oro.

“Antes más bonito era Yani. Todas las casitas eran de piedra con techo de paja. Ahora ya usan ladrillo y calamina”, recuerda doña Clementina Huerta, nacida en el pueblo hace siete décadas. “Ahora quedamos pocos vecinos de antes; los hijos se han ido a la ciudad y sólo vienen para la fiesta. Otros también llegan para trabajar en las cooperativas”.

 

Desde abril las operaciones de las cooperativas auríferas vecinas a Yani – “Ingenio”, “Señor de Mayo” e “Hijos de Ingenio”- están paralizadas. “Cuando trabajan hay más movimiento para venderse. Ojalá no pelearan tanto porque nosotros queremos mejorar. Necesitamos posta médica, si alguien se enferma debe ir hasta la comunidad Ingenio o al hospital de Sorata. Lindo sería tener cancha, una buena sede”, dice doña Clementina desde su tienda de carne y abarrotes.

Los disparos, la explosión, los muertos

 

Una volqueta quemada, maquinaria patas arriba y una enorme mancha de ceniza son los vestigios del terror que vivió la aurífera “Hijos de Ingenio” la madrugada del pasado 3 de abril. Un mes después, en el campamento no hay mineros, ni ruidos, ni puertas abiertas. Silencio, un río de aguas negras y un largo duelo, sólo eso. “Nos están mirando -advierte el guía- y aquí no les gustan los extraños”.

El “ataque” a “Hijos de Ingenio” comenzó a la 1:00 de aquel jueves, con disparos de arma de fuego. Una hora después se produjo la explosión que segó cinco vidas. Los heridos -entre ellos, uno de bala- fueron llevados al hospital de Sorata, donde los cooperativistas también lloraron a los muertos entre pedidos de justicia.

 

 “Se produjo una explosión de gran magnitud que afectó la integridad física de muchas personas; cinco de ellas, lamentablemente, producto de la onda expansiva han perdido la vida. Se presume que el artefacto fue detonado a distancia, lo que revela un nivel de preparación técnica. Estamos ante un delito de homicidio, pero no descartamos tipificarlo como terrorismo y explotación ilegal”, declaró al día siguiente el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. Un contingente de 350 policías fue enviado a la zona.

 

La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) denunció que se trataba de “un atentado” en el que se usó “material bélico”. “En horas de la madrugada del jueves 3 de abril la cooperativa minera Hijos de Ingenio R.L. habría sufrido un atentado por parte de la cooperativa minera Señor de Mayo R.L. con uso de material bélico, causando el destrozo total del campamento minero”, dice el pronunciamiento de la organización.

La AJAM determinó la suspensión de actividades mineras, hubo un detenido, los uniformados se fueron. “Vienen policías y se quedan unos días, igual fue el año pasado. Después nos olvidan y otra vez hay peleas”, lamenta María, vecina de Yani, quien pide no dar su nombre real: “Si hubiera visto esa noche la bomba, los disparos, los gritos, los muertos... ¿Cómo no va a haber miedo?”.

 

Minería ilegal “modelo boliviano”

 

Aunque fue el más trágico, el conflicto minero cooperativista de Yani no fue el único en lo que va del año. El pasado 8 de mayo, en la comunidad Santa Rosa de Lima (Nor Yungas, La Paz), un grupo de choque atacó con dinamita y armas de fuego a comunarios que se movilizaban contra la minera ilegal ocasionando la muerte por disparo de bala de Nicanor Velásquez, padre del diputado masista Freddy Velásquez. El 29 de enero, 20 personas resultaron heridas en un violento enfrentamiento entre cooperativistas en el municipio de Caiza D, Potosí. Hechos similares se registraron entre mineros auríferos de Yanacachi, Tipuani y Guanay (La Paz) con denuncias de participación de ciudadanos extranjeros.

“Los recientes casos registrados, sumados a investigaciones de instituciones internacionales como Insightcrime, permiten vislumbrar un nuevo escenario de minería ilegal generado con un modelo boliviano. Es decir, Bolivia se está volviendo el epicentro de la minería ilegal en la región a partir de la figura del cooperativismo que está siendo utilizada por actores criminales”, alerta el especialista Jaime Cuellar.

 

Las causas que incubaron esta situación se hallan en el poder que han adquirido las cooperativas frente al Estado. “En Bolivia las políticas mineras han sido definidas por las cooperativas, que han hecho una legislación a su medida, en desmedro de los actores mineros privados y estatales. Entonces, los cooperativistas pagan impuestos mínimos, tienen subvención en insumos como el diésel y tienen acceso preferente sobre áreas de explotación; es inverosímil que las cooperativas que funcionan como empresas gocen de tantos privilegios con el pretexto de trabajo comunitario que en los hechos pocas realizan. Otro de los problemas esenciales es la cooptación institucional generada por el suprapoder cooperativo: ministerios, direcciones no tienen libertad ni recursos para hacer el control y la fiscalización; a lo que se suma que las sanciones por minería ilegal son ínfimas”, asegura el experto en minería.

 

Este panorama fomenta la ilegalidad: “Cualquier actor criminal ve un terreno fértil en la minería ilegal: No voy a tener una persecución penal adecuada, no existe una institucionalidad fortalecida con medios ni normas y tiene los insumos necesarios para realizar esta actividad a precios subvencionados pagando impuestos mínimos. Es una situación más favorable para la criminalidad que la que tuvieron países como Perú, Ecuador, Colombia o Brasil, donde bandas criminales tienen el control territorial y ejercen la minería ilegal. En el caso de Bolivia -analiza - se va a generar un modelo propio de minería ilegal desde una lógica de uso de las cooperativas”.

 

En esta situación, al daño ambiental que genera la minería ilegal se sumaría la criminalidad y el consiguiente desplazamiento de comunidades. “Eso es lo que podría suceder en el peor de los escenarios, si es que no se fortalecen las instituciones, si no se modifica la ley minera y si no se establecen cuerpos normativos específicos de lucha integral contra la minería ilegal y delitos conexos. Porque la minería ilegal no solamente está ligada a la actividad propia de explotación sino a la violación de derechos humanos, explotación laboral, explotación infantil, trata y tráfico, legitimación de ganancias ilícitas, narcotráfico y eso es algo que debemos entender como país y ojalá haya propuestas electorales sobre este tema”.

 

¿Hay esperanza ante este desalentador panorama?  “Es una decisión ante todo política y no se trata de estigmatizar a toda la minería, responde Cuellar: “Bolivia tiene una vocación minera que es fundamental para su recuperación económica y hay buenos ejemplos de minería privada y formal que cumple con la protección del medio ambiente y el respeto a comunidades indígenas; pero hay una ilegalidad que crece con violencia ante la negligencia de políticos y autoridades. No estamos entendiendo la magnitud del problema, ojalá no tengamos que hacerlo cuando llegue al centro del poder político y tengamos que establecer mecanismos coercitivos que también podrían generar monopolio de la fuerza y generar violación de derechos”, advierte el abogado.

 

En este contexto, urge la formalización de las actividades mineras, con normas que apunten a una minería social y ambientalmente responsable que brinde trabajo digno y aporte al desarrollo de las comunidades. “Bolivia está aún a tiempo”.

“¿De dónde has venido, tía?”, me pregunta curioso Luisito este miércoles nublado de mayo cuando llegamos Yani, utilizando esa forma coloquial típica con la que los lugareños se dirigen a los foráneos. Tiene nueve años y camina cada día 20 minutos desde su comunidad para ir a la escuela. “Yo de grande voy a ser minero, pero no como mi papá que es jornalero. Yo voy a ser kajcha, voy a tener mi auto y voy a construir aquí un estadio de oro”, dice al despedirse y su risa disipa fugazmente el miedo que asola en este pueblo de piedra, preso de la disputa violenta por el oro.