MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABREVIADO
PANDO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El ministro de Justicia, César Siles, informó este domingo que en los próximos días la justicia ordinaria emitirá nuevas sentencias en el marco del caso 26J, relacionado con el fallido golpe de Estado del 26 de junio de 2024 y la toma de la plaza Murillo en La Paz. Las resoluciones se dictarán mediante procedimiento abreviado, tras acuerdos con los imputados que reconocieron su participación en los hechos.
Siles
precisó que los nuevos condenados, entre militares y civiles, acceden a penas
reducidas a cambio de colaborar con la investigación. Estas se suman a las tres
sentencias previas dictadas contra militares, quienes fueron hallados culpables
de alzamiento armado y terrorismo.
El
caso es impulsado por el Ministerio Público, mientras que el Ministerio de
Justicia realiza un seguimiento institucional, sin ser parte procesal. “La
Fiscalía es la responsable de conducir la investigación, emitir mandamientos de
aprehensión y presentar imputaciones. Los jueces determinan la situación
procesal de los involucrados conforme a ley”, explicó la autoridad.
En
referencia al debate jurídico sobre la figura penal de terrorismo, Siles afirmó
que esta sigue plenamente vigente en el ordenamiento jurídico. “Mientras el
Tribunal Constitucional no emita un fallo contrario o la Asamblea Legislativa
no derogue la norma, el tipo penal de terrorismo se mantiene en el Código
Penal. Cualquier modificación regirá para lo venidero”, señaló.
El
titular de Justicia negó que exista persecución política, como han denunciado
algunos abogados defensores. Mencionó el caso del jurista Jorge Valda,
recientemente aprehendido y luego puesto en libertad mediante una acción de
libertad en La Paz.
Reiteró
que todo proceso se desarrolla bajo control judicial y con garantías para las
partes. “Ya hay tres militares condenados que, además de haber sido dados de
baja, admitieron su participación y brindaron apoyo directo al general Juan
José Zúñiga”, sostuvo.
Según
Siles, los próximos sentenciados han brindado testimonios clave para el
esclarecimiento del caso y sus declaraciones serán utilizadas como prueba en el
juicio oral. “El debido proceso está garantizado en todas las etapas.
Lamentamos que algunos abogados utilicen ese argumento como una fórmula para
interponer acciones de libertad, cuando las decisiones recaen exclusivamente en
los jueces que valoran las pruebas presentadas”, concluyó el ministro.

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