TRAS COMICIOS
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- En su informe preliminar, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) recomendó realizar una evaluación integral del sistema de selección y elección de autoridades judiciales en Bolivia.
En
el documento, se identificaron deficiencias estructurales en la normativa
electoral, así como la polémica autoprorrogación de los magistrados del
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ).
“La
ausencia y falta de claridad normativa en cada etapa del proceso fomenta
decisiones administrativas y judiciales con fundamentos escasos o
inconsistentes”, señala el informe preliminar.
El
documento enfatiza la necesidad de aprobar una ley general, previamente
socializada, que regule integralmente el proceso de selección, promoviendo
mayor transparencia, imparcialidad, eficacia y legitimidad. La MOE/OEA advierte
que la interferencia política debilita las instituciones judiciales y genera
desconfianza en la ciudadanía.
Además,
destacó que la extensión del mandato de los magistrados del TCP, en
contravención de los plazos constitucionales, les permite mantener el control
mayoritario del Tribunal, situación que agrava la crisis institucional.
“La
Misión hace un llamado enérgico a las instituciones bolivianas a encontrar una
solución urgente para completar la selección de integrantes pendientes del TSJ
y el TCP, respetando estrictamente la Constitución”, indica el informe.
Entre
sus recomendaciones clave, la MOE/OEA plantea:
•
Es urgente sistematizar y armonizar la normativa mediante la aprobación de una
ley marco clara, precisa y de fácil comprensión, que regule todas las etapas y
aspectos relacionados con la preselección, selección y elección de autoridades
judiciales. Este marco debe garantizar la transparencia, publicidad,
objetividad y meritocracia, limitando la discrecionalidad y reduciendo las
posibilidades de interferencia política.
•
Se debe replantear el papel de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en
el proceso de preselección de candidatos/s, evaluando la posibilidad de
incorporar a esta etapa a un comité técnico especializado compuesto por
expertos imparciales, quienes aseguren una evaluación basada en méritos y
capacidades.
•
Implementar mecanismos efectivos de transparencia activa y máxima publicidad,
garantizando la publicación oportuna de documentos clave y estableciendo un
canal permanente de comunicación entre las veedurías ciudadanas, las comisiones
evaluadoras y la ciudadanía.
•
Es imprescindible establecer un régimen claro, accesible y efectivo para las
impugnaciones que puedan surgir en cualquier etapa del proceso, con el objetivo
de reducir la judicialización innecesaria en las altas cortes y preservar la
imparcialidad de las decisiones.
•
Considerar reformas al sistema de elección por circunscripción departamental de
las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal
Supremo de Justicia, analizando los efectos que esta modalidad tiene sobre la
percepción de parcialidad y representación territorial, que puedan comprometer
la independencia judicial.
La
Misión subraya que una evaluación integral del sistema actual es crucial para
corregir deficiencias, fortalecer la independencia judicial y recuperar la
confianza ciudadana en las instituciones. Los aprendizajes extraídos podrían
servir como referencia para otros países que implementen sistemas
similares.///oem
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