COCHABAMBA
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Ministerio Público debe iniciar un proceso penal de oficio por el caso de violencia y acoso político que sufrieron las concejalas Reina Jhovana Beltrán Huaranca, de Súmate, y Eva Aida Rodríguez Carrasco, de Comunidad Ciudadana (CC), en el municipio de Sipe Sipe, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Las víctimas, bajo agresiones de
dirigentes y comunarios de Viloma Cala Cala, Sauce Rancho y Parotani, fueron
obligadas a firmar solicitudes de notas de “licencia por tiempo fijo” desde el
11 de enero hasta el 3 de mayo de 2026, prácticamente hasta el final de su
gestión.
“Lo que corresponde en este
momento es instar, exhortar al Ministerio Público a que, de oficio, pueda abrir
un proceso penal para la investigación y establecimiento de las
responsabilidades de las personas agresoras a estas dos concejalas”, sostuvo.
Las concejalas, según dijo,
sufrieron agresiones verbales y físicas, al punto de que Beltrán se haya descompensado. Efectivos policiales tuvieron
que intervenir e ingresar al Concejo Municipal, sacando en camilla a la
legisladora edil.
En este contexto, el Defensor del
Pueblo recordó que está vigente la Ley 243 contra el Acoso y Violencia
Política, por lo tanto, las y los bolivianos “no podemos tolerar situaciones de
violencia, acciones de hecho, destinadas a cercenar el ejercicio de los
derechos políticos de las mujeres”.
Recordó que la Constitución
Política del Estado estableció un régimen de participación política que respeta
los derechos de las mujeres, entre otras poblaciones en situación de
vulnerabilidad, por lo cual, el Estado, a través de todos sus niveles, debe garantizar
el ejercicio pleno de los derechos políticos de las autoridades electas.
Callisaya informó que tomó
contacto con la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) y, de
forma paralela, a través de su Delegación Defensorial de Cochabamba, se
acompañó y brindó orientación a las concejalas Rodríguez y Beltrán, quienes
decidieron iniciar acciones legales.
Consideró además que el hecho no
debe de quedar en la impunidad. //agc
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