CUESTIONAN EL PROCESO
SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se acogió a su derecho de guardar silencio dentro del otro proceso que se sigue en su contra por el paro de 36 días del pasado año que exigía una Ley del Censo.
“El gobernador se ha acogido a su
derecho de guardar silencio porque entendemos que no conviene realizar en este
momento ningún tipo de declaración al respecto, además, dado a los antecedentes
que han sido puestos a nuestro conocimiento, al momento de prestar su
declaración informativa, vamos a asumir nuestra defensa como corresponde”,
afirmó su abogado Cristopher Balcázar.
Camacho actualmente guarda
detención preventiva en el penal de Chonchocoro por del denominado caso Golpe
de Estado I, relacionado a los hechos que derivaron en la renuncia del
expresidente Evo Morales en 2019.
Por la investigación al paro de
los 36 días, enfrenta el proceso por los delitos de asociación delictuosa,
resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentando contra el
Presidente y otros dignatarios, violencia política contra las mujeres, racismo
y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, impedir o estorbar el
ejercicio de funciones y terrorismo.
Además de Camacho, el
expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y rector de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, también se
encuentran investigados.
Según Balcázar, no existe “ningún
nexo causal” ni de vinculación del gobernador cruceño con las movilizaciones de
los 36 días del paro ocurrido entre octubre y noviembre de 2022 para que el
Censo se adelante este año.
Aseguró, por el contrario, que en
esas jornadas de movilización, los sectores sociales afines al Gobierno
actuaron en contra de la población cruceña con medidas de presión como
bloqueos. Incluso, dijo que hubo “complicidad” de la Policía para actuar con
represión.
“(La Fiscalía) no actuó de forma
objetiva y, por el contrario, solo con reportes de prensa acepta la denuncias y
realiza actos investigativos en contra de quienes no tuvieron participación
alguna en las jornadas de movilización”, aseguró.
El caso fue abierto a denuncia del dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta. //agc
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