ABOGADO DENUNCIA ARBITRARIEDAD
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El comunicador de iníciales L.M. fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, a denuncia de la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, ante lo cual la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y anunció una investigación para garantizar el debido proceso y el respeto a la libertad de expresión.
El
comunicador fue contratado por la AJAM para el manejo de redes sociales, sin
embargo, fue denunciado por presunta violencia política contra la Directora de
la AJAM debido a un meme, informó el abogado defensor Marcelo Valdez.
“Supuestamente
(la Directora) le había pedido que haga un meme para otra autoridad y después
ha habido una contraorden para que haga el meme, pero que ponga el rótulo de
falso. Toda esta situación él ha hecho en base a un contrato, él ha sido
contratado para el manejo de redes sociales”, dijo el abogado.
El
jurista observó que hubo un “tráfico de influencias” por la manera arbitraria
en que el comunicador fue aprehendido en acción directa, imputado por la
Fiscalía y enviado a la cárcel por un juez en un plazo rápido.
Denunció
que en otros casos, como el denominado “golpe de Estado”, la Fiscalía no actúa
con esta rapidez. Además señaló que no había argumentos para mandar a la cárcel
a su defendido, tomando en cuenta que tiene el arraigo natural de casa, familia
y trabajo.
Entre los
argumentos para la denuncia de la Directora de la AJAM está una evaluación
psicológica que acreditaría una violencia psicológica, pero el jurista observó
que la certificación es de carácter particular.
El plazo
de la detención preventiva dictada contra el comunicador es de cuatro meses. El
abogado defensor consideró gracioso que, encima de esa decisión, la Fiscalía
haya apelado para pedir seis meses.
Denunció
también que habría incumplimiento de deberes de la Fiscalía y el juez, tomando
en cuenta que en el proceso se habría indicado que la Directora de la AJAM
ejerce el cargo sin cumplir el requisito de experiencia, pero el Ministerio
Público y autoridad judicial no hacen nada al respecto.
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