VE QUE HAY DISCRIMINACIÓN
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado boliviano proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad.
Mediante un comunicado de prensa,
el organismo afirmó que la violencia sexual contra niñas y adolescentes
constituye no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una
forma de discriminación que impide el goce de otros derechos humanos, que puede
afectar por completo su proyecto de vida.
La CIDH observó “el embarazo de
niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud
física y mental, y afecta su autonomía integral”, añade.
Consideró que cada Estado debe
además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier
tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se
desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que
pueda interferir en sus decisiones.
El pronunciamiento de la CIDH se
dio a propósito del caso de una menor de 11 años que, tras ser víctima de una
violación quedó embarazada. La Iglesia Católica intervino y evitó la
interrupción de la gestación. Mientras que desde la Defensoría se envió
solicitud de medidas cautelares para que “el Estado asuma medias de protección
y salvaguarda en favor de la niña”.
Según el organismo, Bolivia tiene
una de las tasas “más altas” de embarazo adolescente en la región que, según el
Fondo de Población de Naciones Unidad, es de 88 por cada 100 habitantes entre
15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70.
“Por su parte, de acuerdo con
cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron
22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo
semestre del año”, señala.
La CIDH instó al Estado de
Bolivia a desempeñar su “mayor esfuerzo” para erradicar la violencia contra las
mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo las instancias de la ruta de
atención oportuna y adecuada y garantizando el acceso oportuno y adecuado a los
servicios de salud e información, en cumplimiento de su normativa interna y los
tratados internacionales.
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