HUMAN RIGHTS WATCH: ACUSACIÓN POR TERRORISMO CONTRA EVO ES DESPROPORCIONADA Y DEBE RETIRARSE

INFORME

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La organización Human Rights Watch emitió un informe sobre Bolivia, en el cual advierte que existe abuso del sistema de justicia para perseguir opositores, pero en específico señala que la acusación por terrorismo contra Evo Morales es desproporcionada y que la Fiscalía debe retirarla, aunque la actitud del expresidente con el llamado a bloquear alimento a las ciudades sí se puede tipificar como delito.

 

La imputación contra Morales se basa en una grabación correspondiente a noviembre de 2019 en la cual se escucha al exmandatario instruyendo a su colaborador Faustino Yucra, que se cerquen ciudades para dejarlas sin comida, dando “combate” y “batalla”.

 

Human Rights Watch revisó el expediente y se entrevistó con la fiscal del caso Heidy Gil. Con esa investigación, concluyó que no se respalda la acusación por terrorismo.

 

“El contenido de la conversación no demuestra ninguna participación en actos de violencia, ni tampoco ningún acto que podría ser categorizado correctamente como terrorismo”, dice el informe.

 

Sin embargo, la organización aclaró que el planear impedir que lleguen artículos esenciales a las ciudades es una acción que Bolivia tiene derecho de tipificar como delito y castigar, pero recalcó que no es una acción que llegue al nivel de terrorismo.

 

Señaló que “tampoco hay pruebas de que Morales o sus colaboradores hayan direccionado fondos a organizaciones con el objetivo de cometer actos violentos que podrían ser adecuadamente categorizados como terrorismo”.

 

En ese marco, recomendó a la Fiscalía retirar los cargos por terrorismo contra el expresidente Evo Morales. Además, sugirió a la Asamblea restringir la definición de terrorismo existente en la legislación boliviana, a fin de evitar que sea utilizada para criminalizar o cercenar los derechos de libertad de expresión y asociación.

 

También planteó al Ministerio Público retirar los cargos contra exmiembros del gobierno de Morales y sus partidarios, en casos que las pruebas no respalden las acusaciones.

 

La organización señaló que ha en los 21 casos de procesos contra partidarios de Morales y que detectó evidencia de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

 

Morales socavó la independencia judicial

 

El informe también tiene críticas al Gobierno de Morales, en específico respecto al socavamiento de la independencia judicial.

 

Recordó que el mismo Morales rechazaba el principio de independencia judicial y que en su Gobierno muchos de los rivales políticos y críticos fueron procesados o investigados en función de acusaciones que parecen haber estado motivadas políticamente.

 

Se menciona casos como los procesos del caso terrorismo, proceso a medios de comunicación y los juicios a opositores Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Eduardo León.

Sobre Añez

 

Human Rights señala que, si bien ekl gobierno de Morales debilitó la independencia del sistema de justicia, el gobierno de Jeanine Añez ahora también usa de forma indebida el sistema judicial con fines políticos.

 

“Jeanine Añez, quien reemplazó a Morales como presidenta interina, tuvo la posibilidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus intereses, resultando en más de 150 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno”, señala el texto.

 

En ese contexto recomendó al gobierno “abandonar toda persecución por motivos políticos de personas que hayan tenido vínculos con el gobierno de Morales o sus partidarios, y respetar la independencia judicial y fiscal”.

 

También pidió que se deje de utilizar operaciones de “ciberpatrullaje” para identificar a aquellos que critican al gobierno interino y dejar de impulsar procesos penales contra jueces por haber dictado sentencias con las que no está de acuerdo.