EMITE RECOMENDACIONES A CANDIDATOS
El informe concluye que “durante
la crisis que sucedió a las elecciones de octubre de 2019 se han registrado
violaciones de derechos humanos que incluyen el uso excesivo e innecesario de
la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en operaciones
de orden público, incluyendo durante las protestas; ataques contra personas
defensoras de derechos humanos, periodistas y personas opositoras políticas;
declaraciones de altos funcionarios con amenazas y que, en ocasiones, contienen
llamados a ejercer la violencia y ataques a la libertad de expresión y a la
independencia judicial”.
El texto señala que esos hechos
siguen impunes y a que a eso se suma que “Bolivia tiene una lamentable historia
de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de
derecho internacional ocurridos en el pasado”, como los hechos durante los
gobiernos militares, los de Octubre de 2003, la masacre de Pando y el caso 24
de Mayo de 2008.
La organización señaló que en el
país existe una “histórica pandemia de impunidad” y que se requiere medidas
urgentes para sanarla.
Amnistía Internacional hizo
referencia a los hechos de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, advirtiendo
que hubo un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, pero también dio
cuenta de amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de derechos
humanos, como el caso de Waldo Albarracín, quien fue blanco de un ataque contra
su integridad física y cuya casa fue incendiada por una turba el día de la
renuncia del expresidente Evo Morales.
Señaló que, en esos hechos, como
el ataque a la casa de Albarracín, las investigaciones no han avanzado y el
Estado no ha brindado la protección adecuada para que las personas defensoras
de derechos humanos puedan realizar su legítima labor.
La retórica de los gobiernos
Además, Amnistía Internacional
señaló que le preocupa la retórica contra los derechos humanos en Bolivia.
Recordó que, en momentos de la
crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron
declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de
cercar ciudades si los paros continuaban.
Asimismo, observó que “el gobierno
interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores
políticos y a personas percibidas como tales, así como amenazas públicas
emitidas por autoridades contra líderes políticos acusados de ‘desinformar’ y
contra periodistas acusados de ‘sedición’”.
“Tal hostigamiento limita de
manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia
líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos,
incluidos los trabajadores de salud. Esto puede ser también percibido por otros
actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que
amenazan o censuran opiniones contrarias y como una carta blanca para la
impunidad”, alertó.
Recomendaciones a candidatos
En ese marco, Amnistía internacional
emitió 20 recomendaciones a los candidatos, para que se comprometan respecto a
los derechos humanos.
1. Garantizar una pronta
instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (conformado
por la CIDH), así como el pleno acceso a la información y coadyuvancia en las
investigaciones penales por los hechos de violencia y posibles violaciones de
derechos humanos, de acuerdo con su mandato;
2. Abstenerse de emitir
pronunciamientos que afecten la independencia del Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes, la legitimidad de sus integrantes, así como de su
equipo técnico;
3. Adoptar medidas para asegurar
una investigación diligente, independente e imparcial y abstenerse de impedir
el juzgamiento y sanción de las personas que sean halladas responsables de las
violaciones de derechos humanos y de los actos de violencia cometidos durante
la crisis postelectoral, según corresponda.
4. Adoptar medidas para garantizar
los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los hechos
de Sacaba y Senkata.
5. Retirar a las fuerzas
militares de las operaciones de orden público, incluyendo durante las
protestas.
6. Establecer un plan de atención
inmediata y reparación integral para las víctimas de la violencia postelectoral
y sus familias.
7. Respetar la independencia
judicial y abstenerse de hostigar a opositores políticos o a personas
percibidas como tales, ya sea a través de disposiciones legales generales o
relacionadas con el COVID-19, procesos penales, declaraciones públicas o
detenciones.
8. Abstenerse de adoptar medidas
de cualquier tipo que limiten indebidamente el derecho a la libertad de
expresión.
9. Adoptar medidas para revisar
los procesos penales y condenas basados en los Decretos 4199, 4200 y 4231.
10. Reconocer públicamente la
labor legítima de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
11. Fomentar un entorno en el que
los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan realizar libremente
su legítima labor de defensa de los derechos humanos.
12. Abstenerse de amenazar y
atacar a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que se
muestren críticas con las políticas y opiniones del gobierno.
13. Revisar la Ley 351 y el
Decreto Supremo 1597 para garantizar que los requisitos legales que se exigen a
las ONG y a las entidades sin ánimo de lucro no obstaculicen su independencia
ni su capacidad de desempeñar su labor legítima.
14. Adoptar medidas para asegurar
una investigación diligente de las amenazas y ataques contra las personas
defensoras de los derechos humanos, particularmente contra Waldo Albarracin y
su familia.
15. Garantizar la autonomía e
independencia de la Defensoría del Pueblo de forma que cuente con las
herramientas para cumplir con su labor de manera efectiva y libre de
interferencias.
16. Adoptar medidas para
garantizar el trabajo de los periodistas, comunicadores sociales y abstenerse
de declaraciones amenazantes que promuevan un clima de miedo y censura.
17. Reconocer públicamente que
hechos de corrupción pueden afectar y obstaculizar el goce y ejercicio de los
derechos humanos y comprometerse con su investigación y sanción según
corresponda con pleno respeto de las garantías del debido proceso.
18. Garantizar el derecho a la
consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos Indígenas
sobre los proyectos que puedan afectarles, de conformidad con lo establecido en
el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
19. Diseñar e implementar una
política de salud pública integral para proteger a los pueblos Indígenas del
COVID-19 incluyendo a aquellos pueblos en situación de aislamiento voluntario y
no contacto, proveer información diferenciada y detallada y plena participación
de los pueblos Indígenas en cuestiones relacionadas con su salud.
20. Prevenir y no promover actos
de estigmatización, discriminación y racismo contra los pueblos Indígenas.
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