NO SE LES PERMITE INGRESAR
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La
Defensoría del Pueblo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) una medida cautelar para proteger a las 209 bolivianas y bolivianos, que
se encuentran varados cerca de la frontera con Chile.
El anuncio lo hizo la Defensora
del Pueblo, Nadia Cruz, tras la decisión del Gobierno de no permitir que estas
personas, que desde hace días pernoctan en la población chilena de Huara,
puedan ingresar a territorio nacional mientras duren las restricciones
sanitarias.
“Se ha pedido a través de la vía
humanitaria y a través de notas formales a la Presidencia, a los
"ministerios de Defensa, Gobierno y a la Cancillería, que asuman acciones
de protección para esta población y no hemos recibido ninguna respuesta; se ha
advertido que existe una vulneración de derechos humanos al no permitirles
retornar al país, no de forma irrestricta sino cumpliendo los controles de
sanidad y de bioseguridad que se tienen que implementar a cualquiera que decida
por cualquier causa movilizarse internamente o quiera regresar a su patria”,
reclamó.
Cruz dijo que se pide al Estado
que atienda a estas personas, que en un momento eran 150 y ahora son 209, entre
las que se encuentran niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y
personas adultas mayores. “Corresponde al Estado boliviano hacerse cargo de sus
connacionales”, apuntó.
“Los casos de COVID-19 importados
al país son de entera y única responsabilidad del Gobierno, porque después de
anunciar y señalar, en conferencias de prensa, que se procedía al cierre de fronteras,
no existieron controles en las personas que llegaban del extranjero; pretender
responsabilizar a la población del incumplimiento de sus deberes, resulta una
afrenta a los derechos humanos”, dijo Cruz.
La Defensora anunció también, que
la institución defensorial asumirá acciones respecto a las 729 personas que se
encuentran varadas en distintas regiones del país sin poder retornar a sus
domicilios “debido a la la forma intempestiva, accidentada y no planificada en
la emisión de decretos supremos que
impiden la movilidad interna”.
Muchas de estas personas, dijo,
se encuentran en situación de precariedad y con pocos recursos, sin asistencia
sanitaria, sin seguimiento por parte de alguna instancia de salud, sin ningún
tipo de enfermedad; que han dejado en sus casas o en sus regiones a sus hijos,
a personas con discapacidad, a persona adultas mayores, padres o madres que
dependen de ellos.
(Con información de la
Defensoría)
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