LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo
Aponte, reveló el miércoles que la presencia mayoritaria del Movimiento Al
Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional viabilizó la
aprobación de 14 leyes que neutralizaron o exceptuaron la normativa que rige al
ente emisor y le prohíbe emitir créditos a favor de las empresas estatales.
"14 leyes del Presupuesto General del
Estado y otras leyes modificatorias del presupuesto o especiales en particular
exceptúan al Banco Central de acatar esta prohibición de financiar al sector
público", informó en un desayuno con periodistas de La Paz.
Recordó que la ley del BCB le prohíbe
otorgar créditos al sector público y excepcionalmente podrá hacerlo a favor del
Tesoro Nacional, con voto favorable de dos tercios de los miembros presentes de
su Directorio, solo para atender necesidades impostergables derivadas de
calamidades públicas o atender necesidades transitorias de liquidez, dentro de
los límites del programa monetario.
No obstante, la Asamblea Legislativa aprobó
en 2012 la Ley de Creación del Fondo para la Revolución Industrial Productiva
(Finpro), que nació con un presupuesto de 1.200 millones de dólares,
provenientes del un crédito emitido por el BCB, con recursos de las reservas
internacionales netas, dijo Aponte.
También indicó que, en el Presupuesto
General del Estado 2009, se autorizó al BCB a otorgar un crédito extraordinario
de 1.000 millones de dólares a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), en condiciones concesionales, con el único fin de financiar
proyectos de inversión en el sector de hidrocarburos, en el marco de la
seguridad energética.
Para ese efecto se exceptuó al BCB de la
aplicación de los artículos 22 y 23 de la Ley 1670 de octubre de 1995, que le
prohíbe otorgar créditos a entidades públicas, agregó.
Según información del BCB, hasta la fecha
las empresas estatales solicitaron 59.000 millones de bolivianos en créditos al
ente emisor, de cuyo monto se desembolsaron 40.000 millones de bolivianos y se
pagaron 3.000 millones de bolivianos, lo que deja un saldo por cancelar de
37.000 millones de bolivianos.
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