LA PAZ
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Decenas
de organizaciones no gubernamentales (ONG) a nivel nacional llevaron adelante
su Rendición Público de Cuentas con la finalidad de promover una cultura de
transparencia como práctica esencial para lograr la legitimidad,
sostenibilidad, efectividad y protección del trabajo que realizan.
La iniciativa se enmarca en la
“Semana Global de la Rendición de Cuentas”, que cumplen cientos de
organizaciones, instituciones y redes a nivel mundial para transparentar sus
actividades. Bolivia no es ajena a este movimiento mundial y desde la Unión
Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y sus 22
instituciones asociadas se emprendieron hoy eventos donde, por ejemplo, se
detallaron los presupuestos ejecutados, la cantidad de proyectos realizados, el
total de personas beneficiadas, entre otras cifras de sus actividades.
En el caso particular de UNITAS y
sus asociadas, hoy la directora de esta institución, Susana Eróstegui, informó
que en 2018 se ejecutaron 153.216.235 bolivianos en 151 planes, programas y
proyectos realizados en todo el país y que tuvieron a un total de 426.092
personas beneficiadas de manera directa y 3.673.305 personas beneficiadas
indirectamente.
Informe sobre la Chiquitanía
presentado ante la CIDH
Pero además del acto de rendición
de cuentas, se llevó adelante un conversatorio con periodistas, denominado
“Políticas de Tierra y Medioambiente”, en la que el responsable de Defensa de
Derechos Humanos de UNITAS, Daniel Espinoza, y el investigador del Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea,
informaron sobre la situación de la política agraria en Bolivia y los incendios
en la Chiquitanía, además de la acción realizada ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Espinoza brindó un detalle del
informe presentado en pasados días ante la Relatoría Especial de Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, en el que se
solicitó al organismo pedir información al Estado boliviano sobre los incendios
en la Chiquitanía, que han dejado aproximadamente 4 millones de hectáreas
calcinadas por el fuego.
Explicó que la solicitud ante la
CIDH responde a los pueblos indígenas afectados por los incendios: Chiquitanos,
Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona. Resaltó que algunos
pueblos se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad frente a los
incendios debido a sus reducidas poblaciones o situación de aislamiento
voluntario, como el caso de los Ayoreos del Ñembi Guasu, una de las áreas más
afectadas por el fuego.
“Se ha informado a la CIDH
respecto a la normativa, las políticas públicas y el accionar del Estado
boliviano con relación a esta crisis ambiental, ésta última se evidenció cómo
las autoridades del Estado reaccionaron de manera inadecuada, primeramente al
responder de manera tardía y por otro lado al no declarar zona de desastre
nacional, impidiendo así la asistencia internacional en toda su capacidad”,
explicó Espinoza.
Con relación a lo informado a la
Relatoría de la CIDH, precisó que también se abordó lo referido a las
obligaciones del Estado y derechos vulnerados. “Estos son fácilmente
identificables: vivienda, trabajo, educación, salud y medioambiente, en los que
el Estado tiene la obligación de respetar y de garantizar, o sea procurar la
realización de estos derechos. La tardía respuesta del Estado ante los
incendios y no declarar zona de desastre, es un acto de negligencia con relación
a las obligaciones contraídas ante el sistema interamericano de defensa de
derechos humanos”, aseveró.
Por su lado, Ormachea hizo un
análisis de la situación de la política agraria en Bolivia y mencionó que el
gobierno está “desesperado” en el desarrollo agropecuario basado en la
ampliación de la frontera agrícola, debido a problemas como el fin de los
precios altos de las materias primas, el bajo nivel de exportación del gas, del
zinc, de la plata y de productos agropecuarios, y la presión tributaria que
“está llegando al límite”.
“Esto hace un escenario de bajos
ingresos y es esto lo que impulsa al Gobierno a plantearse como estrategia para
la generación de ingresos el tema del desarrollo agropecuario, pero basado en
la ampliación de la frontera agrícola”,
lamentó.
Mencionó que este es el Gobierno
que más leyes y decretos ha aprobado a favor de campesinos, pero “ninguno de
ellos se ha convertido en programas de desarrollo para estos sectores”.
UNITAS
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