LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El canciller Diego Pary descartó el jueves que haya un clima
de conflictividad social sobre Bolivia, que el próximo año irá a las urnas para
elegir a sus autoridades nacionales en el marco -dijo- de un sistema
democrático "consolidado" y que garantiza el "derecho a la
protesta".
"Hemos visto que el país está con una
democracia consolidada, están garantizados todos los derechos, incluso el
derecho a la protesta, a la movilización y no vemos que haya un clima de
conflictividad", dijo a los periodistas.
Los reportes de medios de comunicación
mostraron el jueves una escasa respuesta ciudadana al paro nacional de 24 horas
convocado por comités cívicos y dirigentes políticos que rechazan la
habilitación del presidente Evo Morales como candidato para participar en las
elecciones de 2019.
Al mediodía, el ministro de Gobierno,
Carlos Romero, confirmó que la oposición y sus aliados no lograron paralizar el
país con un paro convocado hace dos meses.
Según Romero, las actividades laborales y
productivas en el país son normales, y la oposición logró movilizar solo a unas
5.000 personas.
La oposición sostiene que el 21 de febrero
del 2016 un referéndum rechazó modificar el artículo 168 de la Constitución
Política del Estado (CPE), para una segunda postulación continua del presidente
y vicepresidente.
Los comités cívicos y dirigentes políticos
convocaron a la población a movilizarse en contra del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) que el martes último habilitó al binomio oficialista Evo
Morales-Álvaro García Linera para las elecciones primarias y generales de 2019.
El TSE sustentó esa decisión en un fallo
del Tribunal Constitucional Plurinacional que a finales del 2017 legitimó la
repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en sujeción a tratados
e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y reconocidos por
la CPE.
Al respecto, el canciller informó que la
comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda
Arosemena de Troitiño, destacó que la Constitución boliviana contemple la
aplicación de tratados internacionales.
"Es una percepción positiva (...), ha
valorado que la Constitución Latinoamericana y la boliviana den un tratamiento
preferente a los acuerdos internacionales, preferentemente sobre los derechos
humanos", remarcó.
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