Por
el supuesto atentado a Maduro
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| El Grupo de Lima reiteró que solo los venezolanos pueden encontrar la solución a la crisis política y humanitaria que vive dicho país. Foto: AFP |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Los países del Grupo de Lima expresaron su condena a las
recientes acciones de represión contra diputados de la Asamblea Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela, y rechazó los intentos de manipulación para
reprimir a la disidencia política en ese país.
Mediante
un comunicado, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa
Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú,
integrantes de dicho grupo, también calificaron de “ilegal” y “arbitraria” la
detención del diputado venezolano Juan Carlos Requesens.
Los
diputados Requesens y Julio Borges han sido acusados por el gobierno venezolano
de ser cómplice del atentado perpetrado contra el presidente de ese país,
Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto.
Asimismo,
el Grupo de Lima rechazó la violación del debido proceso penal y de las normas
internacionales en materia de procuración de justicia y respeto de los derechos
humanos durante la captura, sin investigación previa, de Requesens.
Igualmente,
condenó la orden de captura emitida contra el diputado venezolano Julio Borges,
en detrimento de sus fueros parlamentarios y de las garantías e inmunidades
previstas en la Constitución de Venezuela.
Los
países del mencionado conglomerado regional, además, expresaron su inquietud
por la utilización de las instituciones de seguridad y justicia del Estado
venezolano para perseguir a los opositores políticos.
“Lo
que evidencia una vez más la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento
de la Constitución de ese país, contraria a la voluntad del pueblo venezolano”,
señala el comunicado.
Por
todo esto, el Grupo de Lima exhortó al gobierno de Venezuela a que conduzca una
investigación independiente, exhaustiva y transparente de los hechos producidos
el pasado 4 de agosto.
Finalmente,
se reiteró que solo los venezolanos pueden encontrar la solución para la grave
crisis que afecta a dicho país, por lo que se reiteró el compromiso de seguir
tomando acciones dirigidas a contribuir a la restauración de la
institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena
vigencia del estado de derecho en Venezuela.
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