LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Ministerio Público informó el domingo que la autoridad
jurisdiccional determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro del
administrador del club nocturno Katanas, Marco Cámara, por la presunta comisión
de los delitos de trata de personas y organización criminal, denunciados por su
hija, Noemí Cámara.
"El Ministerio Público ha logrado
determinar la verdad material en base a la prueba documental debidamente
obtenida que evidencia la comisión de los delitos por los que es imputado el
dueño del club nocturno, quien deberá guardar detención preventiva",
informó el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, citado en un
boletín de prensa.
La audiencia de medidas cautelares fue
instalada en el Hospital Metodista donde fue internado Cámara, tras su traslado
a celdas judiciales.
En el marco de la fundamentación de la
imputación, la fiscal asignada al caso sostuvo que la denunciante refirió que
su padre enviaba al administrador del club, Gustavo Fernández, a países vecinos
para reclutar mujeres jóvenes dispuestas a trabajar en Bolivia como supuestas
modelos.
Una vez captadas, explicó que Cámara
viabilizaba la inmigración de las mujeres para posteriormente despojarlas de
sus documentos y obligadas a tener relaciones sexuales con clientes del club
nocturno, bajo amenaza de deportación.
De acuerdo al cuaderno de investigaciones,
las mujeres eran llevadas durante el día a la casa de Cámara en la zona
Llojeta, y en la noche eran trasladadas al local Katanas, donde presuntamente
eran explotadas sexualmente.
En esa dirección, el Ministerio Público
sustentó la imputación en base a informes que registran los altos ingresos
económicos provenientes del negocio de Cámara y la documentación de mujeres extranjeras
hallada en el club nocturno, entre otros indicios que fueron secuestrados en
allanamiento.
Ante lo expuesto por el Ministerio Público
en la audiencia, la autoridad jurisdiccional determinó aplicar la medida
extrema de la detención preventiva, tras establecer la comisión de los hechos
por parte de imputado y evidenciar los riesgos procesales de fuga, por falta de
un arraigo social, además del peligro de obstaculización, entre otros.
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