LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- Unn huez dispuso el sábado por la noche la detención
preventiva en el penal de San Pedro de Ricardo Alegría, imputado en la supuesta
comisión de delitos de asociación delictuosa; legitimación de ganancias
ilícitas; uso indebido de bienes y servicios del Estado y uso indebido de
influencias, en grado de complicidad, en el marco de la investigación del
enriquecimiento ilícito de Gabriela Zapata.
"El Ministerio Público realizó una
exhaustiva investigación sobre los ingresos del imputado a la Unidad de Gestión
Social del Ministerio de la Presidencia y los depósitos bancarios que habría
realizado en la cuenta de Zapata. De esa manera logró colectar los indicios
sobre su participación en el enriquecimiento ilícito de la imputada",
declaró el fiscal departamental, Edwin Blanco.
En audiencia de medidas cautelares, la
comisión de fiscales evidenció, mediante el informe de la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF), que entre noviembre de 2013 y febrero de
2014, Alegría realizó cuatro depósitos bancarios a la cuenta de Zapata, que
suman cerca de 10.000 dólares.
Asimismo, el Ministerio Público demostró
con documentación que el imputado ingresó en reiteradas oportunidades a
oficinas de la Unidad de Gestión Social, incluso fungiendo como servidor
público dependiente de ese despacho para recibir personas y contribuir a los
fines ilícitos de Zapata.
De acuerdo con la documentación, Alegría,
Zapata y la co-imputada, Cristina Choque, ex titular de la Unidad de Gestión
Social, sostuvieron extensas reuniones en ese despacho estatal desde el 30 de
septiembre de 2011.
En la fundamentación, los fiscales hicieron
énfasis en que en su declaración el imputado negó sus ingresos a la Unidad de
Gestión Social, al igual que las reuniones con Zapata, además no justificó
materialmente de dónde proviene el dinero que esta persona depositó en la
cuenta de la co-imputada.
Asimismo, los fiscales asignados al caso
evidenciaron los riesgos procesales de riesgo de fuga porque no existe certeza
sobre la existencia de un domicilio, trabajo o familia asentados en el país.
También se probó que el comportamiento del
imputado en el proceso que fue reticente toda vez que el Ministerio Público ha
tenido que emitir una resolución de aprehensión.
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