Doria Medina figura en una acusación
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Goni irá a juicio de responsabilidades. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) autorizó que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada sea enjuiciado por los casos del proyecto FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias) y ENFE (Empresa Nacional de Ferrocarriles).
Además de Goni, otras 12 exautoridades, incluyendo Samuel Doria Medina y Carlos Sánchez Berzaín, están incluidas en las dos acusaciones aprobadas por la ALP.
La Asamblea autorizó los juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada, en su calidad de expresidente de Bolivia y dejó a la Fiscalía llevar adelante el enjuiciamiento contra los otros implicados en la vía que corresponda. Según la Ley 044, sólo hay juicio de responsabilidades contra presidentes, vicepresidentes y magistrados, no habla de ministros.
El caso ENFE
En el caso ENFE, Gonzalo Sánchez de Lozada está acusado por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
De acuerdo a los antecedentes, Goni mediante el decreto 24165 de 1995 convirtió a parte de ENFE en la Empresa Ferroviaria Andino SAM (FCA-SAM) con un valor –que figura en la norma- de 137 millones de bolivianos.
Luego, mediante el decreto 24186, Sánchez de Lozada y sus ministros capitalizaron (entregaron) la FCA-SAM a la empresa Cruz Blanca por 66 millones de bolivianos, la mitad de su valor real.
Los otros acusados en este caso son: los exministros Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reynaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos Sanjinés y Fernando Candia, además del expresidente de ENFE, José Luis Landivar, y el exgerente de esta empresa, Rolando Suárez.
El caso FOCAS
Por el caso Focas, Goni está acusado de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. En este proceso, también figura Samuel Doria Medina por los cargos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Según los antecedentes, Bolivia recibió financiamiento de Estados Unidos para el proyecto FOCAS, pero Doria Medina, en su calidad de Ministro de Planeamiento, dispuso que ese dinero pase a la entidad privada llamada Fundación para la Producción (Funda-Pro).
El informe señala que el opositor suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de préstamo de 21 millones de dólares de dinero de FOCAS a favor de Funda-Pro, un interés menor al que pagaba el Estado a sus acreedores.
Otra irregularidad que se advirtió es que el Samuel avaló la personería jurídica de Funda-Pro, entre cuyos socios fundacionales estaba Luis Fernando Campero, quien también era ministro de Jaime Paz Zamora. Otros socios de esta entidad eran Roberto Peña y Jose Guillermo Justiniano, el primero llegó a ser ministro del MIR y el segundo fue ministro de Goni.
Sánchez de Lozada, en este caso, está acusado de homologar el préstamo a Funda-Pro mediante el decreto 23632 y beneficiarse de esta entidad con financiamiento para Prodem y Comsur, empresas de las cuales era socio. Sus ministros Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes y Reynaldo Peters, también están sindicados.
Asimismo, figuran entre los acusados: Arturo Beltrán Caballero, exdirector de FOCAS, y Flavio Escobar Llanos, subsecretario de Desarrollo Económico y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento, el cual emitió un dictamen favorable para la homologación del contrato.
Detalle de los acusados
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