SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB
/ ABI).- El secretario general de la
Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, dijo el viernes que el ejecutivo
departamental prepara un amparo constitucional en contra del proyecto de Ley de
incentivos de exploración de hidrocarburos, porque afecta los recursos
destinados a los sectores de salud, educación y obras de infraestructura vial.
"Vamos a
presentar un amparo constitucional, porque la Ley de Incentivos es una
confiscación, porque afecta los recursos destinados a salud y educación.
Propusimos que se abrogue y, segundo, que sea voluntario", declaró a los
periodistas.
Según Peña, la
inconstitucionalidad se fundamenta en que la norma en cuestión viola la
voluntad del pueblo expresado en el referéndum de 2004, ya que se pretende
utilizar los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para
incentivar a empresas transnacionales en desmedro de la salud y educación.
Ese proyecto de
ley, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y espera su
promulgación, crea un fondo económico con el aporte del 12% de los recursos del
(IDH) que perciben gobernaciones, alcaldías municipales y universidades.
El Gobierno
sostiene que el fondo de incentivos implica beneficios para el país, las
entidades territoriales autónomas y universidades.
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