INSTALAN TRIBUNAL DE MUJERES CONTRA LA IMPUNIDAD

No más feminicidios

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El asesinato de la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, será el caso que este lunes 30 de noviembre tratará en su primera sesión  el Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad.

La sesión fijada para horas 9 se desarrollará en el auditorio de del Defensor del Pueblo y contará con la participación la abogada Julieta Montaño, la periodista Lucia Sauma y una representante de ACOBOL, además de familiares de la víctimas y la abogada Valquiria Lira.

En la audiencia se hará conocer el avance de la investigación cuando el cadáver de la ex autoridad edil fue encontrado en inmediaciones del rio Orkojawira en la ciudad de El Alto.  Asimismo considerará el avance, los resultados y las acciones de funcionarios que interfirieron dando lugar a la  impunidad o retardación de justicia.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que han sido convocados para participar en esta primera sesión, representantes de los Órganos Judicial y Ejecutivo, la Policía Boliviana, Ministerio Público, organizaciones sociales y activistas de derechos humanos y de los derechos de la mujeres, ante quienes, tras una argumentación sobre la vulneración de derechos, se emitirá una sanción ética- social.

El Tribunal de las mujeres contra la impunidad, que orientará su accionar bajo el principio constitucional que los delitos cometidos contra los  derechos humanos en estado de derecho no prescriben, tiene la finalidad de mostrar a la sociedad boliviana las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres, e ilegalidades que se han  presentado en el juzgamiento de hechos contra la violencia feminicida,  acoso y violencia política.

Asimismo, a partir del análisis de casos concretos, pretende identificar a los funcionarios y funcionarias que,  hayan tenido intervención directa en los casos y que, por su acción u omisión, causaron impunidad, denegación  o retardación de justicia a las mujeres.

El Tribunal de las mujeres emitirá una Resolución ético, moral y social, identificando los derechos vulnerados que debieran ser objeto de denuncias en contra del Estado y  será entregada a las organizaciones de derechos humanos de las mujeres, a la opinión pública y Ministerio  de Justicia como cabeza de sector.

"El Tribunal valorará todos los indicios conducentes al establecimiento de la verdad histórica de los derechos vulnerados en la averiguación de la verdad material y el tratamiento de las pruebas y del procedimiento - de competencia del sistema judicial -, a fin de poner en evidencia las vulneraciones de los derechos de las mujeres, aún cuando estos elementos no hayan sido propuestos inicialmente,"  acotó el Defensor.

Señaló asimismo que esta instancia busca conocer los casos que encontrándose en un proceso judicial, o cuando el mismo ya haya concluido, y previa revisión de los antecedentes, se evidencie los hechos  de vulneraciones de derechos de mujeres víctimas de violencia y/o sus familiares.

Juana Quispe Apaza, concejala del Municipio de Ancoraimes, Provincia  Omasuyos, del Departamento de La Paz, tenía 43 años cuando fue estrangulada y su cuerpo  encontrado en inmediaciones de un río de la ciudad de El Alto.

Durante 20 meses, dirigentes y los otros concejales varones le impidieron ejercer su cargo, ordenándola a que más bien  se limite a atenderles en menesteres domésticos.   Luego de interponer la víctima dos recursos de amparo contra todos los concejales y el Alcalde, denunciando abusos y violencia, se la prohibió  el ingreso a las reuniones del órgano deliberante.

PAI), como ningún otro país de la región.