YPFB ACUSA A DIRIGENTES DE MALVERSAR E INDÍGENAS PIDEN LIBERAR A DETENIDOS

Conflicto de Takovo Mora

El presidente de YPFB, Guillermo Achá en rueda de prensa. Foto: ERBOL.

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, acusó a dos dirigentes guaraníes de malversar los fondos económicos que recibieron como compensación de la estatal petrolífera por los trabajos de exploración en la zona. Mientras tanto, indígenas realizan una vigilia en celdas policiales de La Guardia para exigir la liberación de sus compañeros que están aprehendidos tras la intervención policial en el bloqueo.   

“En 2013 se han entregado 51 mil dólares a la señora Magalí Barba, Lidio Meriles y hasta la fecha no han descargado y ya comenzó el proyecto productivo planificado. Han malversado los fondos, entonces quiero que presten atención, ¿por qué ahora pasa este problema? Porque hay nuevos dirigentes que se han visto involucrados con la compensación antes realizada que hoy no saben cómo descargar y claro, tienen que generar un conflicto porque quieren generar mayor ingreso de recursos para cumplir con los proyectos productivos de la plata que estoy seguro ya han malversado”, afirmó Achá en conferencia de prensa.

Según la denuncia del presidente de YPFB, desde 2008 a 2014, se entregó a los dirigentes guaraníes la suma de 7 millones de bolivianos como compensación económica por la exploración de al menos 5 pozos petroleros en la región, recursos que deberían haber sido utilizados para proyectos productivos.

“Pero lo único que han logrado descargar es la suma de 891 mil bolivianos, es decir el 12,74% de los 7 millones de bolivianos. Nosotros hemos notificado esta situación a los dirigentes y de manera inmediata ellos han activado las medidas de presión, sólo porque se han manifestado las observaciones de todos los proyectos (…) Además que los gastos que pretenden descargar no tienen sustento, no están ni aprobados por la asamblea zonal”, afirmó.

Por otro lado, el presidente de YPFB dijo que la consulta previa e informada fue cumplida con los comunarios del lugar “en su debido momento”, además reiteró que las obras que al momento se realizan están en un área privada, que cuenta con los papeles de titulación y saneamiento otorgados por el INRA.

“Cuando ha correspondido, hemos hecho la consulta previa, la hemos hecho. Cuando hubo las actividades de exploración en Takovo Mora, hemos asumido las acciones establecidas en la normativa correspondiente”, afirmó Achá.

Situación de los aprehendidos

Después de la intervención policial registrada ayer y que obligó a los guaraníes a replegarse y suspender el bloqueo de caminos en la ruta de Santa Cruz-Yacuiba, al menos 26 comunarios fueron aprehendidos. El ministro de Gobierno, Carlos Romero lamentó la presunta violencia con la que actuaron los indígenas hacia los efectivos policiales.

“Hemos sido claros, la comisión de fiscales junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), debe investigar de manera rápida e identificar las responsabilidades, se debe colectar los instrumentos probatorios y que si corresponde deben ser castigados por la ley”, afirmó la autoridad. 

Al ser consultado sobre una presunta desaparición de los comunarios durante la intervención policial, Romero negó esta sindicación y afirmó que el Gobierno no tuvo la intención de remitir a la justicia ordinaria a los indígenas detenidos.

“No hay ninguna persona desaparecida, si no se halla los elementos probatorios en contra de los detenidos entonces estas personas seguramente estarán gozando de libertad, porque tampoco hubo la intención de remitirlos a la justicia ordinaria ni nada que se le parezca”, indicó.  

En tanto, la abogada de los detenidos, María Teresa Gómez, adelantó que se pedirá la libertad irrestricta de los comunarios, tomando en cuenta que fueron detenidos de forma violenta en el interior de sus viviendas.

“Estamos en democracia y en democracia no podemos tratar así a la gente y menos a las mujeres, que también fueron maltratadas físicamente y psicológicamente. Han sido 300 policías que han apaleado a niños, jóvenes, mujeres”, aseveró.

A su turno, el fiscal José Morales del municipio de Cabezas admitió que los uniformados actuaron con violencia en contra de los indígenas guaraníes.

“Ellos tenían sólo agua y unas piedras para defenderse. Hubo la solicitud al Comando Departamental para que se busque una mediación a efecto de que busquen un diálogo entre ellos, pero parece que las órdenes superiores eran más fuertes y han empezado a agredirlos a los indígenas físicamente y en la tarde entraron con un camión antimotines”, indicó.

Apoyo

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Yolanda Herrera, lamentó lo que considera una agresión contra los pueblos indígenas de Takovo Mora y anunció que una comisión de esta institución visitará la región y a los comunarios detenidos.

“Las llamadas eran incesantes ayer, los indígenas mandaban los reportes sobre la agresión que sufrían. Lamentamos que se haya atacado de esa manera ilegal a los indígenas. Hoy estamos pidiendo al Ministerio de Gobierno deponer estas acciones, que no se criminalice las movilizaciones de los guaraníes (…) Haremos presencia en la zona para elaborar un informe desde la sociedad civil con los testimonios correspondientes”, explicó Herrera en entrevista con ERBOL.

De igual manera, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, emitió un comunicado  en el que condenó la intervención policial y la violencia ejercida contra los pobladores de Takovo Mora.

“Demandamos la inmediata libertad de las personas detenidas y el cese de cualquier acto de provocación o intimidación contra las comunidades guaraníes que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta y la movilización pacífica, que históricamente fueron las formas de lucha de los movimientos sociales y los pueblos indígenas para exigir el cumplimiento de sus derechos”, cita el documento.

Asimismo expresó su solidaridad con las demandas de los comunarios, quienes exigen el respeto a sus derechos como pueblos indígenas reconocidos por la Carta Magna y los convenios internacionales.