LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La ministra de Comunicación, Amanda
Dávila, aseguró el jueves que está dispuesta a ir a la cárcel por defender la
nacionalización de los hidrocarburos, en alusión al supuesto juicio de
responsabilidades en su contra anunciado por Unidad Demócrata (UD) por la
difusión de un spot televisivo que defiende la estatización de los recursos
naturales instrumentada en 2006.
"Si me tienen que hacer un juicio que
lo hagan, estoy aquí para enfrentarlo porque lo único que estamos haciendo es
defender la nacionalización y si tengo que entrar a la cárcel por eso lo voy a
hacer, porque mi libertad no vale nada respecto a la vida que más de 60
ciudadanos han sacrificado por tener lo que tenemos hoy", aseveró.
La Ministra sostuvo que enfrentará
cualquier juicio por la principal política pública del Estado Plurinacional,
por la que murieron 64 personas y más de 500 quedaron heridas, en la denominada
'Guerra del Gas' de 2003.
"Esta no es solamente una defensa
cualquiera, hemos hecho el spot porque vamos a defender la nacionalización
contra los vende patrias y aquellos que asumen oficiosamente la defensa de las
empresas privadas", dijo.
La Ministra de Comunicación dijo que
ninguna empresa transnacional planteó el aumento de sus ganancias, sin embargo
fue el candidato de UD, Samuel Doria Medina que propuso oficiosamente el 50% de
ganancias para las trasnacionales.
A su juicio, el deber de cualquier
ciudadano es defender la principal política que tiene un Estado, por lo que
consideró que el anuncio de juicio de responsabilidades se basa en "una
falsedad".
"Nosotros no hemos manipulado la
declaración (de Doria Medina), esa no es una declaración solamente en un canal,
es una declaración permanente que ha dado en otros medios de comunicación y eso
no es casual", dijo.
Recordó que Doria Medina como Ministro de
Planificación (1989-1993) planteó la privatización de una empresa por semana.
El spot en cuestión registra las
declaraciones de Doria Medina efectuadas al canal estatal donde dijo que
debería distribuirse el rédito de la explotación de los hidrocarburos 50% para
el Estado y 50% para los privados, en abierta contradicción a la Constitución
vigente boliviana que señala que los recursos naturales pertenecen única y
exclusivamente al Estado.
El presidente Evo Morales denunció que la
propuesta de Doria Mediana privaría al erario público de al menos 3.000
millones de dólares al año.
Morales se declaró defensor a ultranza de
la Constitución vigente desde 2009.
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