Entre
ellos está la concejal Niño de Guzmán
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La comisión de fiscales, que
investiga el supuesto sobreprecio en la construcción de los Puentes Trillizos,
imputó por el delito de incumplimiento de deberes a cuatro exconcejales de La
Paz que ejercieron su función durante la última gestión de Juan Del Granado
como alcalde, informó la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho.
Las exutoridades acusadas son:
Rosario Aguilar, Martín Rengel, Nicolás Huallpara y Gabriela Niño de Guzmán.
Esta última aún funge como secretaria del Concejo Municipal.
“La imputación adolece de
vicios muy importantes tales como que es una copia textual del la denuncia del
la Contraloría General del Estado (CGE) contra el ex alcalde Juan del Granado y
los exconcejales. Y hay una serie de errores de revisión, de interpretación.
Esos mismo errores del informe de contraloría se han transcrito”, explicó la
jurista.
La concejala Niño de Guzmán,
por su parte, aseguró no tener conocimiento de la resolución de las fiscales
Magaly Gonzales y Lilian Villalta, pero señaló que demostrará que no vulneró
las leyes.
“Yo estoy absolutamente segura
que esta decisión tiene un carácter político y que la intencionalidad está en
esa lógica de querer perjudicarme como persona, como autoridad y pretender
probablemente dañar el prestigio que témenos, sin embargo vamos a demostrar (la
inocencia) sabiendo que la justicia se digita, está fuera de las leyes y más
bien responde a otro tipo de intereses”, manifestó.
En 2010, la CGE denunció a Del
Granado por supuestamente causar daño económico a Estado de 4,5 millones de
dólares por incrementos en el presupuesto inicial para la construcción de los
Puentes Trillizos.
Al respecto, Camacho señaló que
la imputación “es insustentable, porque de lo que único que se trata es de
haber emitido un instrumento para que los miembros del MSM tengan que ser
perseguidos y no darles la oportunidad
de que en estas elecciones puedan ser candidatos a ningún tipo de cargo
electo”.
La abogada teme que la
intención del Ministerio Público sea, en última instancia, inhabilitar a Del
Granado en una posible candidatura en 2014.
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