El parlamento enmendó la
Constitución
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
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PERÚ (ANB / El País).- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por
el gobernante Frente Sandinista, aprobó este martes en su totalidad una reforma
a la Constitución que garantiza al presidente Daniel Ortega la reelección
indefinida, lo que ha despertado preocupación por la democracia en este país
centroamericano.
En una carta pública firmada por cinco excancilleres
nicaragüenses, estos afirmaron que la reforma viola acuerdos internacionales
suscritos por Nicaragua, relacionados al respeto a la democracia representativa,
los derechos humanos, la separación de poderes y la alternabilidad en el poder.
La reforma "debilita aún más la institucionalidad democrática de
Nicaragua", alertaron.
El cambio a la Constitución fue aprobado con 64 votos a favor y rechazado
por 25 diputados que representan a la oposición en el Parlamento. La del martes
fue la segunda discusión legislativa de la reforma, dado que la ley
nicaragüense establece dos legislaturas para reformar la Constitución; la
primera discusión se realizó el pasado diciembre. Sectores críticos al Gobierno
de Ortega señalan que la reforma entrega más poderes al mandatario, que ya
controla el Parlamento, el Poder Judicial y el Poder Electoral, cuyo
presidente, Roberto Rivas, ha sido señalado de fraguar cuatro fraudes
electorales para favorecer al FSLN. Ahora Ortega podrá, además, emitir decretos
con fuerza de ley, usurpando una de las funciones del legislativo.
Ortega logró la reelección en noviembre de 2011, después de participar en
la elección de ese año violando la Constitución, que establecía que no podía
ser presidente quien ocupara el cargo o lo haya sido en dos ocasiones, dos
candados que chocaban con las ambiciones del mandatario sandinista, que
aprovechó su influencia en la Corte Suprema para exigir a los magistrados que
emitieran un fallo para levantar esa prohibición. El fallo establecía que los
candados constitucionales eran inconstitucionales para Ortega. Los comicios los
ganó, según el Tribunal Electoral, con el 66% de los votos, en una elección que
los observadores de la Unión Europea calificaron como “opaca”. Con los cambios
en la Constitución, además se elimina el mínimo de votos necesarios para ser
nombrado Presidente, lo que favorece al mandatario sandinista, que según las
encuestas cuenta con un 65% de apoyo a su gestión.
Horas antes de la votación en la Asamblea Nacional, cinco excancilleres
nicaragüenses publicaron una carta en la que pedían a los diputados que no
aprobaran los cambios constitucionales, dados que estos violan acuerdos
internacionales suscritos por Nicaragua. Los exministros de Exteriores Harry
Bodán Shields, Enrique Dreyfus Morales, Emilio Alvarez Montalván, Eduardo
Montealegre Rivas y Norman Caldera Cardenal afirmaron en su misiva que “el
ejercicio del poder sin garantías de alternabilidad y sin cláusulas que
certifiquen elecciones libres, transparentes y verificables que impidan la
perpetuación sin límites de una persona en el ejercicio de la Presidencia de la
República, tal como lo establecen los cambios constitucionales en proceso de
aprobación, violenta prima facie compromisos democráticos asumidos por
Nicaragua”.
Además, recordaron que este país es miembro del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), en cuyo estatutos se recogen los compromisos
democráticos suscritos a finales de los ochenta del siglo pasado por los
mandatarios de la región en los Acuerdos de Esquipulas II —entre cuyos
firmantes estaba el entonces presidente Ortega—, “particularmente el compromiso
de realizar procesos electorales en condiciones de libertad, transparencia y
respeto a la voluntad popular, con mecanismos de control y supervisión
independientes, que permitan constatar esa libre expresión de la voluntad
soberana del pueblo”.
Los diputados sandinistas justificaron los cambios constitucionales, que
para la oposición son un golpe de Estado a la Constitución. “Yo siempre he
dicho que estas reformas vienen a avanzar en la profundización democrática de
Nicaragua, en la lógica que el Frente Sandinista ha hecho, ha luchado y ha
derramado sangre”, dijo Edwin Castro, diputado por el FSLN. Castro hacía
referencia a la larga lucha encabezada por el Frente para derrocar la dictadura
somocista que se había perpetuado en el poder en Nicaragua por más de cuarenta
años, en una dinastía familiar que muchos en este país comparan ahora con la
del presidente Ortega, de 68 años, cuya esposa, Rosario Murillo, es jefa de
hecho del Gabinete de Gobierno, y sus hijos, directores de medios de
comunicación y empresas privadas formadas con fondos de la ingente cooperación
de Venezuela, según ha denunciado la prensa nicaragüense. Esa cooperación
asciende a más de 500 millones de dólares anuales. “No necesitamos un Ortega
forever”, dijo el diputado opositor Alberto Lacayo durante la votación de los
cambios constitucionales.
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