GOBIERNO DENUNCIA QUE SALIDA DE PINTO DE BOLIVIA VIOLÓ CONVENIOS INTERNACIONALES

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El canciller boliviano, David Choquehuanca, denunció el lunes la violación de Convenios Internacionales por 'la huida' del senador de Convergencia Nacional (CN), Roger Pinto, de Bolivia a Brasil.

    'Decimos que ha violado la normativa nacional porque sale sin el salvo conducto, tenemos dos convenciones, la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas que han sido violadas en esta huida del senador Pinto. Brasil incumplió la convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, que en su artículo tercero establece que no es lícito conceder asilo a personas que se encuentran inculpadas o procesadas ante Tribunales ordinarios', indicó en conferencia de prensa.

     Pinto permaneció hasta el pasado viernes en la legación brasileña en La Paz, donde se refugió el 28 de mayo de 2012 para no someterse a la justicia ordinaría, que lo sentenció, en un sólo caso, a un año de presidio por daños económicos al Estado calculados en al menos 1,7 millones de dólares.

    Según fuentes extraoficiales, Pinto salió de La Paz a bordo de un automóvil diplomático y militares brasileños lo acompañaron durante el viaje de 22 horas hasta la localidad de Corumbá, en la frontera con Bolivia.

    Al respecto, Choquehuanca aclaró que Roger Pinto no es un perseguido político porque el legislador se asiló de mutuo propio en la embajada de Brasil para evadir una veintena de procesos de corrupción en su contra en su contra.

    Aclaró que en el marco de la normativa internacional, Pinto, 'por ningún motivo podía abandonar el país', sin el salvo conducto, por lo que mediante una nota diplomática pidió explicaciones oficiales al Gobierno brasileño, por la salida subrepticia del legislador.

    'El señor Pinto tiene en su contra procesos penales por delitos comunes de corrupción, no es un perseguido político, prueba de ellos es que la justicia ordinaria dictó una sentencia condenatoria en el caso ZOFRA Universidad, donde se habla de una daño económico de alrededor de 11 millones de bolivianos', sostuvo.

    Asimismo, Choquehuanca detalló que se vulneró la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, que establece que los Estados parte deben facilitarse, por todos los medios, la persecución, investigación y sanción de delitos comunes de corrupción.

    Entre los cargos que pesan contra el senador por Convergencia Nacional (CN) en la justicia boliviana se encuentran: incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, cohecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficios y razón de cargo, legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, destrucción de bienes del Estado y riqueza nacional, 'es decir de hechos de corrupción', cuando fungía el cargo de prefecto del departamento de Pando.