LA PAZ, BOLIVIA (ANB / La Razón).- El Ministerio Público convocará a declarar a tres miembros de las Fuerzas Armadas que son sospechosos de la violenta muerte, el 21 de junio, de la enfermera Jhannet Vargas Santos (27) en el Gran Cuartel de Miraflores.
El Ministerio Público convocará a
declarar a tres miembros de las Fuerzas Armadas que son sospechosos de la
violenta muerte, el 21 de junio, de la enfermera Jhannet Vargas Santos (27) en
el Gran Cuartel de Miraflores.
La víctima no pertenecía a la institución, y su ingreso fue irregular. El
fiscal Javier Monasterios informó que convocará al enamorado de la víctima, el
subteniente Franklin Ch. Q., quien le franqueó el paso al recinto militar.
Según la investigación preliminar, el novio la condujo a la pieza del
capitán Carlos P. V. —quien se halla con detención domiciliaria— donde se
embriagaron junto con el subteniente Franz G. S. Aún se evalúa si el subteniente Boris B.,
quien estaba como jefe de servicio del Estado Mayor ese día, y el comandante de
la Policía Militar serán citados a declarar.
“Por tratarse de un delito contra la vida, se aplicará la Constitución
Política del Estado, que establece que no hay privilegios, mucho menos fuero, y
que la ley se aplica a todos, en este caso a los presuntos implicados”, dijo el
fiscal, reportó la Agencia Boliviana de Informaciones (ABI).
Justicia. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, anunció que “no se
protegerá a ningún efectivo del Ejército que resulte implicado” y que se velará
que la justicia ordinaria aplique con rigor las sanciones penales que
correspondan.
“Ella había sido la enamorada del subteniente Franklin Ch., y le hizo
ingresar a los departamentos del capitán con la finalidad de compartir bebidas
alcohólicas”, dijo Monasterios.
Vargas Santos, enfermera, fue hallada sin vida a las 20.45 del viernes 21
—feriado nacional por la celebración del
Año Nuevo Aymara— al pie del departamento del capitán, quien fue aprehendido
por la Policía.
Ella trabajaba en un centro médico en el municipio orureño de Soracachi
como enfermera y había llegado a La Paz el miércoles para averiguar detalles de
unos cursos de posgrado.
El sábado se realizó la audiencia cautelar del capitán Carlos P. V., a
quien el juez le dio arresto domiciliario, y no la detención preventiva en la
cárcel, como pedían los familiares de la joven. Wilson Echave, abogado de la
familia Santos Vargas, anunció que apelará la decisión judicial con el objetivo
de revertir las medidas sustitutivas concedidas.
En sus declaraciones informativas, el sospechoso admitió que consumió
bebidas alcohólicas en compañía de la víctima y de los otros dos oficiales y
que ella se marchó a las 17.00. El padre de la joven, Vitalio Vargas, que cree
que se cometió homicidio, ya que el cadáver tenía un golpe en la sien derecha,
otro en la nuca, hematomas y escoriaciones, demandó justicia.
El cuerpo de la víctima fue trasladado por sus familiares a Oruro y
enterrado el domingo. “Se desconocen las causas de su fallecimiento. De acuerdo
al cuaderno de investigaciones, hay bastantes contradicciones. Voy a solicitar
el protocolo de la autopsia” para verificar si existen indicios de abuso
sexual, precisó.
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