DÁVILA RATIFICA DECISIÓN SOBERANA EN EXPULSIÓN DE USAID

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, ratificó el jueves la decisión soberana del Gobierno boliviano en la expulsión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y aseguró que existe capacidad económica estatal para continuar con el financiamiento de los programas de desarrollo que fomentaba esa entidad estadounidense.

    'La expulsión tiene que ver con una decisión política y soberana del país para que la agencia deje el territorio, obviamente habrá un tiempo de transición para que la agencia abandone el país y junto con ella algunos proyectos de desarrollo que se estaban llevando a cabo', señaló en conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno.

    Dávila aseveró que esa decisión responde a un análisis gubernamental en torno a la 'injerencia política permanente' de Usaid.

    'Lo que le preocupaba mucho al Gobierno es que esos recursos que destinaba Usaid a proyectos de desarrollo estaban dirigidos a la desestabilización del Gobierno', fundamentó.

    Asimismo, la Ministra de Comunicación sostuvo que Usaid argumenta una inversión de 2.000 millones de dólares desde 1968 que, a su juicio, no sirvieron para sacar a Bolivia de la pobreza.

    'También hemos hecho la evaluación sobre ese particular, llegando a la coincidencia y a la afirmación constatable de que la mayor parte de los recursos de Usaid retornaron a Estados Unidos en los salarios elevados que tenía ese personal y que formaba parte de Usaid', argumentó.

    Aseveró que la expulsión de Usaid no es una represalia contra Estados Unidos, sino una decisión 'soberana' en el marco de una política estatal referida a la cooperación.

    'El Estado recibirá la cooperación que considere importante y establecerá las reglas del juego de esa cooperación', complementó.

    La Ministra de Comunicación explicó que los proyectos de desarrollo ejecutados por Usaid continuarán con recursos del Estado.

    'Hoy el Estado tiene no solamente la obligación, sino la capacidad económica y la decisión política de poner en marcha políticas que tienen que ver a favor de la ciudadanía en el área de salud, agua potable, saneamiento, luz eléctrica, que son servicios básicos y derechos de los ciudadanos', sustentó.

    Puntualizó que el Estado tiene la capacidad económica para asumir el costo de esos proyectos mediante distintas fuentes de financiamiento.