Políticos, familiares
y magistrados
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| Foto archivo. Acusados del caso Terrorismo. |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Políticos, familiares y magistrados identificaron diferentes causas
para la retardación de justicia en el caso Terrorismo, que hoy cumple cuatro
años del operativo policial que dio muerte a tres presuntos terroristas en un
céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, sin que hasta el momento se haya
iniciado en sí el juicio oral y se tenga identificado a los responsables.
Para los familiares
de los detenidos se trata de un montaje del gobierno que buscó descabezar a los
opositores de esa región de país, y mantenerlos presos, con la invención de la
existencia de un grupo “terrorista”, como señala Carlos Mendoza, hijo de
Alcides Mendoza actualmente detenido bajo acusación de separatismo.
“Yo lo tomo como
un show montado por el gobierno, porque ya se ha esclarecido todo. Ya
renunciaron dos, el fiscal Soza y la abogada del Ministerio de Gobierno, Paola
Barriga, porque tienen miedo que esto acabe mal y va a acabar mal, todo fue
montado para inculpar a personas inocentes, ellos (el gobierno) fueron los que
mataron y ejecutaron para acallar y culpar a autoridades políticas de la
oposición”, señaló el familiar.
Erika Oroza,
esposa del juez Luis Tapia Pachi, refugiado en Brasil, expresó que existe una
clara intención del gobierno de mantener el proceso y para ello “manosea” el
Órgano Judicial. “Hay una injerencia en el sistema judicial, hay un sistema
judicial que ha venido siendo mellado por el manejo discrecional del poder
Ejecutivo”, apuntó.
Para Carmiña
Rivera, esposa de Svonko matkivick, el fin del gobierno era destruir a la
oposición con la invención del grupo terrorista porque resultaba una molestia.
“Destruir las
cabezas de Santa Cruz, destruir a la oposición y eso es lo que les molesta a
ellos, que haya oposición; cuando a ellos les conviene, sirve, y cuando no les
conviene no les sirve, esto es una dictadura”, manifestó.
Políticos responden
El jefe de la
bancada del MAS en senadores, Eugenio Rojas, dijo que las demoras procesales en
el caso Terrorismo son atribuibles al trabajo realizado por el Ministerio
Público que calificó de “poco serio”.
“Ha habido mucha
retardación, no se ha trabajado muy seriamente en el Ministerio Público, cuatro
años de retardación, qué ha pasado con esto, se tiene que apurar, esas
chicanerías que instalan los abogados con los fiscales, podríamos pedir algún
informe para saber por qué la retardación de Terrorismo I y Terrorismo II”,
cuestionó.
La diputada
oficialista Flora Aguilar dijo que el trabajo realizado en la anterior
legislatura se recabó muchas pruebas que la justicia ya debería considerar para
encarcelar a los responsables.
“Ahí están la
pruebas, lo que corresponde es que debe asumir la responsabilidad el Órgano
Judicial, queremos ver a los responsables materiales y económicos sancionados”,
apuntó.
El diputado
Tomas Monasterio solicito que se extinga el proceso por la carencia de pruebas
contra los cívicos cruceños. “Van cuatro años de este proceso y hasta hoy se
puede demostrar el grado de participación que existe en cada uno de los
acusados. Yo quiero exhortar a que se vaya en la línea del respeto al
procedimiento y en esa línea hay que entender que corresponde la extinción de
la acción por no tener una sentencia en contra de ninguno de los acusados”,
dijo.
Posición de las autoridades
El decano del
Tribunal Supremo de Justicia Jorge Isaac Von Borries aseguró que el proceso
investigativo en el caso Terrorismo luego de 4 años de haberse iniciado apenas
se encuentra en su etapa conclusiva, y que el juicio oral en sí aún no ha dado
inicio.
“Hasta ahora va
solamente en esta etapa conclusiva que todavía se está realizando en su parte
oral, sin embargo todas los incidentes, todas las estipulaciones han sido
presentados por escrito, y se tiene que cerrar la etapa investigativa”, indicó.
La ministra
Cecilia Ayllón adelantó que en próximos días se realizarán las revisiones al
nuevo código de procedimiento penal con lo que esperan mejorar la
administración de justicia en el país, y justificó una vez más la demora de
varios años en los procesos.
“Esta mora
procesal no es solamente en este caso, es el sistema el que está mal, estamos
hablando de normativa anacrónica, formación profesional anacrónica, de
prácticas anacrónicas que a partir de la construcción de la nueva justicia,
todo esto tiene que cambiar”, apuntó.
El 16 de abril
de 2009, un grupo de élite de la policía boliviana tomó por asalto el hotel Las
Américas en la ciudad de Santa Cruz. Resultado de la intervención fallecieron
tres presuntos mercenarios extranjeros y otros dos fueron detenidos, que según
el gobierno, planeaban asesinar al presidente Evo Morales y dividir al país.
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