LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Un reciente estudio realizado por varias
instituciones sobre la detención preventiva y el sistema procesal penal
da cuenta que en este tiempo la población penitenciaria del país se
duplicó, el índice de presos sin condena está próximo al 90% y las condiciones
de hacinamiento se deterioraron, afirmó el expresidente de Bolivia y de la
Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.
Rodríguez, a través de sus últimas columnas de opinión, insistió que los
centros penitenciarios se encuentran saturados por internos que en
más del 85% son detenidos preventivos, sin condena, privados de libertad en
recintos no adecuados, sin clasificación por la naturaleza o gravedad del
delito, en muchos casos compartidos con familias, mujeres y niños que sufren
por extensión la pena y fundamentalmente ajenos al respeto por la dignidad
humana, todo en contravención a lo establecido por la Constitución Política de
2009.
Ante esta situación carcelaria del país, el expresidente exhortó en varias
oportunidades reflexionar sobre la urgencia de que el Gobierno disponga una
amnistía o indulto para atender el colapso del régimen penitenciario y la
reforma del sistema de justicia penal en el país.
Recordó que la última disposición de esta naturaleza se produjo hace 12
años cuando el país transformó el sistema procesal penal y aprobó una amnistía
que permitió extinguir decenas de miles de causas penales inmovilizadas y
liberar a miles de presos sin condena.
“En (la actualidad), pese a las transformaciones sustanciales del
Código de Procedimiento Penal y sus recientes contra reformas, concurren
mayores razones para considerarla por la vergonzosa vulneración a los derechos
humanos a más de 12.000 internos de los que más del 85% no tienen sentencia”,
sostuvo.
Afortunadamente –dijo el expresidente– la Dirección del Régimen
Penitenciario lanzó la iniciativa de un indulto que podría aliviar un 40% el
hacinamiento y el Ministerio de Justicia anunció reformas sustantivas al
código penal y su procedimiento.
Causas
Aseguró que las causas de ineficiencia del sistema son estructurales.
Tienen relación con la debilidad institucional del Ministerio Público, la
Policía y la Defensa Pública; con la cultura jurídica que abrazan jueces y
abogados, todavía muy afectos al ritualismo y los incidentes; con un
diseño poco funcional para incorporar a jueces ciudadanos, con la ausencia de
política criminal y con una legislación que privilegia la
criminalización. Este escenario no podrá ser resuelto con invocaciones de
celeridad ni con amenazas de más juicios y menos con más cárceles. Exige una
decisión mayor.
Enfatizó que en la aproximación a una amnistía y las reformas penales,
es indispensable tener claridad sobre el rol de la justicia
criminal todavía tan manipulada y mal comprendida. Subsiste la idea de
que con la aprobación de sanciones más duras, generalmente al calor de
emergencias o transiciones, se podrán resolver todos los problemas.
Indicó que la incorporación de tipos penales en la propia Constitución y cuanta
ley administrativa se promulga para criminalizar cualquier incumplimiento
frente al Estado es una premisa equivocada, vulgariza el derecho penal,
convierte la acción penal pública en una práctica inquisitiva desigual que
amedrenta a los ciudadanos y convierte a los fiscales en cobradores sin
responsabilidad por la atención oportuna de sus causas.
Solución
El exjefe de Estado consideró que la solución a los diversos problemas
puede encontrarse también en el fortalecimiento de la prevención del delito; en
el desarrollo institucional de entidades públicas que fortalezcan el derecho
administrativo; en el control gubernamental; el control social y la
participación ciudadana; la reducción de la pobreza; el empleo digno y la
equidad social.
El derecho penal y el poder punitivo del estado deben contribuir a
fortalecer la seguridad ciudadana pero de ninguna manera convertirse en
instrumento de manipulación de poder, apuntó.
La Paz, 5 octubre 2012-E.C.
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