LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, condenó el martes la
violencia en la movilización que protagonizaron los mineros cooperativistas de
Colquiri, que se saldó con un muero y siete mineros asalariados heridos, además
de temor y consternación en la ciudadanía paceña.
"La Defensoría del Pueblo condena la
violencia con la que se desarrolló la movilización de los mineros
cooperativistas, la cual tuvo como consecuencia, también la realización de
acciones violentas en el centro minero Colquiri, en la cual pueden generar
escenarios de mayor gravedad", remarca un comunicado de prensa de la
Defensoría del Pueblo.
Villena remarcó su "rechazo
enérgico" por el uso "criminal de cachorros de dinamita", que
debería ser prohibido y sancionado severamente.
"Nos parece irresponsable que,
tratándose de una movilización anunciada con anterioridad y que fue precedida
con declaraciones violentas, no se hubieran tomado los recaudos para evitar la
agresión a los mineros asalariados en su sede y evitar el peligro a la
integridad de transeúntes y ciudadanos ajenos al conflicto", manifestó.
En ese marco, demandó a las autoridades de
Gobierno y a los dirigentes de los mineros cooperativistas y asalariados, dejar
de priorizar las estrategias políticas y los intereses económicos de grupos,
para viabilizar el diálogo transparente y honesto que busque llegar a
soluciones integrales y definitivas a través de acuerdos claros que favorezcan
a todos.
"Exigimos que de inmediato se conforme
una comisión de trabajo entre las partes del conflicto que garantice dejar de
lado la violencia, deponer actitudes intransigentes, amenazas y acciones de
hechos, mientras se negocia una salida que ponga fin al problema",
complementó.
Asimismo, dijo que obedeciendo al mandato
constitucional y apelando a las atribuciones legales, la Defensoría del Pueblo
continuará vigilando para que estas acciones no profundicen la vulneración de
los derechos humanos de los involucrados o de terceros, apelando a que las
partes busquen una solución inmediata.
GOBIERNO EXPRESA
PESAR POR MUERTE DE MINERO
El gobierno del
presidente Evo Morales expresó su pesar por la muerte de un minero asalariado
del Estado, víctima de un ataque con dinamita perpetrado a mediodía contra el
edificio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en el
centro de La Paz, por mineros privados (cooperativistas) que manifestaron
violentamente en demanda de la apropiación de un yacimiento.
"Nos duele mucho esto como gobierno
nacional y expresamos nuestro sentir, nuestras condolencias a la familia del
hermano fallecido porque es una situación que trae luto a la familia
boliviana", dijo el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, durante
una emisión de prensa.
Choque, quien perdió la mano izquierda y
tenía múltiples heridas en el cuerpo fue evacuado en primera instancia a la
Asistencia Pública y, por la gravedad de sus lesiones, fue ingresado
posteriormente en la Clínica Virgen de Asunción, donde permaneció en estado de
coma hasta media tarde del martes.
"De acuerdo a los informes
preliminares que hemos recibido, está trabajando el Ministerio Público con el
médico forense. Esto habría sido producto de la explosión de la dinamita que le
habría dañado de manera casi irreversible el hígado y uno de los pulmones del
hermano minero asalariado Héctor Choque", significó Pérez.
El ataque con explosivos a la FSTMB dejó al
menos 7 heridos, entre ellos un transeúnte, el cerrajero Simón Contreras.
Se trata de los mineros heridos en las
detonaciones, Wilson Miranda (29), Juan Torres (28), José Gómez y Isaac Quispe (21),
ingresados en la policlínica 6 de Agosto.
En el fiscal Hospital de Clínicas fueron
ingresados Pascual Mejía (47) e Hilarión Choque.
Contreras tiene una herida en la pierna
derecha por la explosión de dinamita.
"Están agrediendo a la ciudad de La
Paz y a sus ciudadanos. Esa situación nosotros rechazamos, censuramos y
repudiamos. Por ello, el Ministerio Público colectó evidencias de la sede
sindical y visito a los heridos", precisó Pérez.
Aseveró que la investigación se
profundizara hasta identificar a los responsables o los autores que ocasionaron
estos actos de violencia y procesarlos con todo el rigor de la norma legal.
Dejó establecido que "el Gobierno no
es responsable de nada, el enfrentamiento fue entre los propios hermanos y se
agotó los esfuerzos para evitar este hecho; se prestó auxilio con asistencia
médica y ambulancia para evacuar a los heridos", apuntó.
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