“La dirigencia poco a poco se fue
descalificando porque perdió su norte histórico, se dejó manipular con algunos
actores políticos, luego tenemos el saldo de una organización indígena nacional
(CIDOB) que se divorcia de sus organizaciones regionales y de sus bases y por
consiguiente es substituida por una nueva directiva”, sostuvo Romero en rueda
de prensa desde Palacio de Gobierno.
El funcionario realizó una
descripción de los “momentos políticos” de la IX marcha, desde su inicio hasta la llegada a la Sede de Gobierno, donde la
víspera, la columna indígena, decidió retornar a su territorio ante la negativa
del presidente Evo Morales de recibirlos.
Refirió que el acuerdo suscrito
entre Adolfo Chávez, uno de los dirigentes de la movilización y presidente de la Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), con la gobernación de Santa Cruz, por los
estatutos autonómicos, fue un “gravísimo error” que marcó el fracaso de la
marcha.
“A partir de ese momento las
organizaciones regionales se van desprendiendo de la dirección regional de la CIDOB , lo desconocen (a
Chávez) se rearticulan y comprometen una agenda programática con el gobierno
nacional (11 de las 13 organizaciones que la conforman) y no deciden participar
de la IX marcha”,
apuntó.
Bajo este argumento, el gobierno
cuestionó al presidente de la
CIDOB , lo vinculó a
hechos de corrupción y favoritismo político y se niega a reconocerlo para
entablar el diálogo. La víspera, mediante la Gran Asamblea
Nacional de Pueblos Indígenas (GANPI), la máxima institución indígena eligió a
su nueva directiva, calificada por Chávez como apócrifa, paralela y gestionada
por el gobierno del MAS.
Romero también responsabilizó al
Movimiento Sin Miedo (MSM), por ser uno de los actores que llevó al fracaso la
movilización, porque nunca tuvo una “lectura real” de la problemática de
tierras bajas. “Yo creo que le han hecho un daño por haber tenido una lectura
política antes que una lectura sociológica del tema”, dijo.
El Ministro cuestionó la solidaridad
de “algunos radicales” como los universitarios, dirigentes de la Central Obrera
Boliviana y maestros.
Actuación de gobierno
Desde el inicio de la IX marcha del Tipnis hasta su
llegada y permanencia en la Sede
de Gobierno, la columna indígena fue hostigada de manera sistemática por
organizaciones afines al partido de gobierno.
Durante el tramo hacia La Paz , en San Ignacio, Yucumo,
Marimono, Caranavi y Ch’alla, cocaleros y colonizadores amenazaron a los
integrantes de la movilización con desalojarlos y no permitirles descansar en
el lugar y aprovisionarse de vituallas para proseguir su recorrido.
Durante todo este tiempo, el
gobierno y sus operadores políticos desplegaron una campaña mediática de
desprestigio contra sus dirigentes a quienes acusó de “narcotraficantes” y
“traficantes de madera”.
En la Sede de Gobierno, el
presidente Evo Morales y sus Ministros descalificaron a la dirigencia de la
marcha e impidieron su ingreso a la plaza Murillo bajo el argumento de cuidar
el ornato y patrimonio nacional.
El ministro de Gobierno, Carlos
Romero, presentó los antecedentes por narcotráfico de la presidenta de la IX marcha, Bertha Bejarano, de
quien dijo ser su amiga, y descartó que se reúna con el Presidente, para
evitarle al Jefe de Estado, “problemas internacionales” y “daño a su imagen”.
El 26 de junio, el presidente Evo
Morales y los dirigentes del Consejo Indígena del Sur (Conisur), conformada por
colonizadores y productores de coca que demandan la construcción de la
carretera por el Tipnis, festejaron juntos el 33 aniversario del Conamaq
(Consejo de Allyus yMarkas del Qullasuyu) en la plaza Villarroel, mientras que la IX marcha aguardaba en
Kalajahuira, ingreso a la Sede
de Gobierno.
Firman acuerdos
El gobierno señaló que sólo se
reuniría con los corregidores del Tipnis por ser los únicos representantes
válidos del territorio. El 3 de julio el Ejecutivo llevó a cabo una reunión con
45 supuestos corregidores con quienes firmó un acuerdo que da vía libre a la
realización de la postconsulta para la construcción de una carretera por medio
de la reserva natural.
“La realidad objetiva en el
Tipnis señala que más de dos tercios de los corregimientos quieren la consulta,
no quieren la intangibilidad, quieren la consulta para construir grandes
oportunidades de desarrollo para sus
comunidades y sus pueblos”, aseveró Romero.
Según denuncias del presidente de
la Subcentral Tipnis ,
Fernando Vargas, y corregidores que llegaron con la IX marcha indígena, sólo 17 de
45 corregidores fueron reconocidos por sus comunidades, 18 los inventó el
gobierno, porque eran comunarios sin ningún cargo, y 10 eran cocaleros del
polígono 7.
De acuerdo al dirigente indígena,
Adolfo Moye, la mayoría de los asistentes fueron trasladados en estado de
ebriedad desde sus comunidades hasta la
Sede de Gobierno, para la reunión.
El ministro Romero inició una
serie de acuerdos, al margen de la dirigencia de la IX marcha, con los
representantes de las distintas etnias (T'simane-Moseten-Tacana) a los que
prometió salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo, derechos
que están contemplados en la Constitución Política del Estado.
Luego de 14 días de espera,
expuestos a las inclemencias del invierno paceño, para dialogar con el Primer
Mandatario, y ante la rotunda negativa de éste, los miembros de la IX marcha, niños, mujeres,
hombres y ancianos, decidieron trasladarse hasta sus comunidades para preparar
la resistencia a la consulta e impedir la construcción de una carretera por
medio del parque.
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