LA
PAZ, BOLIVIA (ANBOLIVIA / Erbol).- El ministro de
Gobierno, Carlos Romero, señaló este jueves que el presidente Evo Morales no
dialogará con los dirigentes de la IX marcha indígena del Tipnis (Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) por estar implicados en “actos
delictivos” de narcotráfico y tráfico de madera.
Dijo que el diálogo
sólo se realizará con los corregidores de los cuales “sólo dos”, agregó,
llegaron con la IX marcha. Afirmó que el protocolo de post consulta ya fue
aprobado y que ninguna movilización frenará el proceso, que busca construir una
carretera por medio del Tipnis.
“La consulta a sido
declarada constitucional en la ley 222 (…) constitucionalidad condicionada en
el sentido que debe ser concertada en su procedimiento de implementación, y ese
protocolo reglamentado ya ha sido concertado y aprobado con los corregimientos
del Tipnis”, apuntó.
“Si hay elementos que
todavía hay que revisar, que los corregidores definan”, señaló Romero en
conferencia de prensa.
El funcionario público
agregó que el protocolo de consulta ha sido objeto de trabajos y aprobaciones
“constado en documentos notariados”. “El protocolo ha sido consensuado por
cerca de dos tercios de los corregidores del Tipnis”, aseveró.
Respecto a los
dirigentes de la IX marcha, dijo que sería un mal precedente para el país y a
nivel internacional, que el gobierno negocie con una persona que ha estado en
la cárcel por tráfico de drogas, en referencia a la presidenta de la marcha,
Bertha Bejarano.
“Lamentablemente la
dirigente Bertha Bejarano ha sido detenida por tráfico de drogas, ha sido
sentenciada y condenada (…) imagínense ustedes que el presidente Evo Morales
vaya a sentarse con una persona de estas características, estaríamos sujetos a
una serie de problemas a nivel de la comunidad internacional”, sostuvo.
Del mismo modo señaló
que Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de
Bolivia (CIDOB), está implicado en tráfico de madera y que existen “pruebas
concretas y contundentes”. Sin embargo, el gobierno hasta el momento presentó
cargos por todas las “acusaciones” declaradas a los medios de comunicación,
situación que los aludidos consideran parte de una campaña de desprestigio del
gobierno.
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