DECLARA EMERGENCIA
GUAYARAMERÍN, BENI (ANB / AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES).- Después de tres días de intenso análisis, debate y reflexión sobre la situación actual del país, más de 120 representantes de resistencias territoriales, colectivos de defensores ambientales, organizaciones de la sociedad civil reunidos en el Sexto Encuentro de Integración de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) reunidos en Guayaramerín, emitieron un pronunciamiento que alerta de la profundización de los extractivismos y la vulneracion de Derechos Humanos y ambientales.
«Lo que siempre preocupa a los pueblos indígenas es la situación crítica que enfrentamos en nuestros territorios afectados por el extractivismo minero, hidrocarburífero, el agronegocio y toda política que el Gobierno viene impulsando. Y ahora no está dando paso a la consulta previa, libre e informada, prácticamente es un Gobierno que está ignorando a los pueblos indígenas», afirmó a ANA, Ruth Alípaz Cuqui, vocera de la Contiocap, desde el municipio amazónico.
La
lideresa de raíces uchupiamonas dijo que los pueblos indígenas nunca sintieron
como en el actual Gobierno de Rodrigo Paz, el control del agronegocio. «No les
importa los pueblos indígenas ni las áreas protegidas. Entonces esos han sido
los temas en los que hemos centrado nuestra atención, nuestros análisis», dijo.
Ruth
Alipaz manifiesta su preocupación frente al extractivismo minero que afecta los
territorios indígenas (Video ANA)
También
citó los financiamientos externos asumidos por la administración de Paz de la
cooperación multilateral, las condiciones bajo las cuales se está endeudando el
país, lo cual compromete las situaciones de los territorios indígenas, naciones
originarias y campesinas.
«Nos
preocupa la expansión del agronegocio en los territorios indígenas y áreas
protegidas, pero, sobre todo, cómo este sector que se encuentra en el poder
está usando ese poder para acaparar tierras y también violentar los derechos de
los pueblos indígenas», aseveró.
En
el encuentro realizado en el municipio de Guayaramerín del departamento
amazónico del Beni participaron más de 120 representantes de diferentes
organizaciones de pueblos indígenas, naciones originarias y campesinas de las
resistencias frente al extractivismo, entre ellos investigadores, académicos y
colectivos de la sociedad civil, además de activistas por los derechos
ambientales quienes aprobaron un extenso manifiesto que interpela al Estado
sobre sus políticas en desmedro de la madre naturaleza y los derechos
colectivos.
Las
más de cincuenta organizaciones plantearon propuestas de acciones tras
identificar problemáticas en cinco grandes ejes: 1) Tierra y territorio; 2)
Expansión de la minería y exploraciones hidrocarburíferas; 3) Situación de
defensoras y defensores de Derechos Humanos, territoriales y ambientales; 4)
Agroextractivismo de monocultivos y transgénicos; 5) Geopolítica y
financiamiento externo para proyectos de integración.
Tierra
y territorio
En
la mesa sobre la problemática referida a la Tierra y Territorio, las y los
adscritos coincidieron que, la anulación del Ministerio de Planificación,
Medioambiente y Agua, así como el Ministerio de Turismo Sostenible, Gastronomía
y Cultura, genera descontrol del gobierno y retrocesos en la protección de
Derechos Humanos y de la Madre Tierra, eliminando recursos económicos para
impulsar actividades sostenibles.
También
se concluyó que se institucionalizó el uso del fuego a través de trece normas
incendiarias para beneficio de sectores vinculados al agroextractivismo y minería
que se encuentran en el Estado en sus diferentes niveles.
La
corrupción y mal manejo en instituciones como el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA), Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Autoridad Jurisdiccional
Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(Sernap) para el tráfico de tierras, así como el incumplimiento de resoluciones
emitidas por el Tribunal Agroambiental fueron temas ampliamente debatidos,
entre otros de interés actual.
Expansión
de la minería y exploraciones hidrocarburíferas
El
tema de la expansión de la frontera minera, sobre todo la ilegal vinculada al
oro y otros minerales y metales críticos fue bastante debatido.
«El
Gobierno viene realizando un nuevo código, una nueva ley minera sin la
participación de los pueblos indígenas, también sabemos que ya se ha aprobado
el Plan de Acción Nacional de reducción del uso del mercurio, también el plan
estratégico nacional que tiene que ver con los pueblos afectados, pero todas
estas normas o estos planes se vienen realizando sin la participación de las
poblaciones indígenas que somos las víctimas. Entonces, hay una exclusión
deliberada de nuestros pueblos y eso es algo que nos preocupa», se expresó
desde el exterior del Club Social, sede dónde se desarrolló el encuentro.
Defensoras
y defensores de Derechos Humanos, Territoriales y Ambientales
En
cuanto a la situación de las defensoras y defensores ambientales, de sus
territorios y áreas protegidas, se identificó el acoso, la criminalización
(procesos penales), amedrentamiento y división de comunidades como mecanismos
de vulneración promovidos por el propio Estado, empresas, cooperativas mineras,
ganaderos, petroleras.
De
igual manera se evidenció particular violencia psicológica y verbal contra las
mujeres, incluidas las que se encuentran en estado de gestación.
Asimismo,
se determinó que las propias naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos desarrollen sus propios protocolos de protección comunitaria para la
defensa de derechos.
Agroextractivismo
de monocultivos y transgénicos
En
la mesa referida al agroextractivismo de monocultivos y transgénicos se
denunció la compra y venta de terrenos para plantaciones de soya en el tramo
Guayaramerín-Puerto Diles a actores brasileros, lo cual se analizó se
constituye en una pérdida de soberanía territorial para intereses extranjeros.
También
se evidenció la expansión de la frontera del agroextractivismo en el tramo San
Ignacio, Marfil y Puerto Viejo, también con inversiones brasileras.
Se
alertó la deforestación de grandes extensiones de bosque amazónico y
fumigaciones de plantaciones de soya y la introducción de transgénicos que
contaminan las semillas nativas, como el hecho que el propio Estado privilegia
la introducción de agrotóxicos altamente peligrosos para la salud humana y
ambiental a través de decretos.
Ante
esta realidad se demandó la aplicación y respeto de toda la normativa ambiental
y alimentaria por parte de autoridades.
Geopolítica
y financiamiento externo para proyectos de integración
Las
y los representantes indígenas denunciaron que los financiamientos para
proyectos hidroeléctricos no son para generar energía para las comunidades, ni
para bajar el precio por los costos de energía, sino para las grandes
industrias de capitales externos, con graves violaciones de derechos por
desplazamientos forzados de las comunidades.
También
se alertó con información del Comité de Defensa de la Vida Amazónica (ComVida)
de Brasil —con aliados en Bolivia— de la reactivación del proyecto Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA-Consiplan) para la
construcción de carreteras, hidroeléctricas, puentes e hidrovías binacionales
vinculados al transporte de comodities como la soya.
Frente
a este y otras amenazas para los territorios indígenas, se exigió el respeto a
la consulta previa, libre, informada y de buena fe a los afectados, para la
toma de decisiones.
En
el encuentro realizado en Guayaramerín se contó con la exposición de expertos
como Rafael Cabrera quien habló sobre el sistema agrario en Bolivia, Antonio
Sanjinéz de Probioma quien expuso sobre la expansión del agronegocio y los
transgénicos.
Del
Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) expusieron Óscar
Campanini sobre la roblemática miber aurífera y la nueva ley minera; Miguel
Miranda sobre el derecho de los defensores y Gonzalo Mondaca sobre la minería
del litio, tierras raras y transición energética.
También
estuvo entre los expertos Marcos Gandarillas de Latinoamérica Sustentable quien
habló sobre el rol de las empresas chinas en el nuevo contexto de
financiamiento internacional para Bolivia.
Entre
las resistencias que se hicieron presentes en el encuentro estuvieron las y los
defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, defensores del
área protegida de Tucabaca de la Chiquitanía, organizaciones contra las
hidroeléctricas
Rositas,
la nación Q’ara Q’ara, la Mancomunidad de Comunidades de los ríos Beni, Tuichi
y Quiquibey, nación indígena Aragonés,
Red Integrada de la Mujer Amazónica de Riberalta, Asociación de
Pescadores de Guayaramerín, Organización Comunal de la Mujer Amazónica (OCMA),
entre otros.
De
los colectivos urbanos de la sociedad civil se hicieron presentes las y los
representantes de Salvaginas y Movimiento Libre de Transgénicos, entre otros.


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