125 PERSONAS MURIERON EN 2017
VENEZUELA (ANB / BBC MUNDO).- El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sufrió un revés al desestimarse un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el que exigía detener el avance de las investigaciones en su contra por posibles crímenes de lesa humanidad.
"La Cámara de Apelaciones
(...) rechaza los argumentos presentados por Venezuela. Rechaza las apelaciones
y confirma la decisión impugnada", dijo el juez Marc Perrin de Brichambaut
al tribunal con sede en La Haya, reportó la agencia AFP.
En noviembre de 2021, Venezuela
se convirtió en el primer país de América Latina en el que la CPI abrió una
investigación formal, luego de que el fiscal británico Karim Khan anunciara la
apertura del caso conocido como "Venezuela I", por presuntos crímenes
de lesa humanidad perpetrados en 2017.
Durante ese año se registraron
violentas protestas contra el gobierno de Maduro, en las que miles de personas
salieron a las calles debido a la escasez de alimentos y medicinas, la
inflación y la inseguridad.
La apelación de Venezuela
El año pasado, el gobierno de
Maduro apeló un fallo a favor de reanudar la investigación, bajo el argumento
de que debía respetarse el principio de complementariedad, según el cual un
tribunal internacional complementa a la justicia nacional y sólo puede
intervenir si un país no está investigando ya los mismos crímenes, explicó la
agencia Reuters.
Sin embargo, los jueces de
apelación rechazaron por unanimidad todos los alegatos de la apelación y dieron
luz verde a la Fiscalía de la CPI para reanudar las pesquisas sobre los abusos.
En reacción al fallo, el gobierno
venezolano dijo en un comunicado que estaba en "desacuerdo" con la
decisión, que "responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos
de justicia penal internacional con fines políticos, todo ello sobre la base de
una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han
ocurrido".
"Toda esta maniobra ha sido
construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de
delitos", añade la nota.
El gobierno de Maduro acusa a la
oposición de manipular algunos casos de supuestas violaciones de derechos
humanos. Asegura que ya está investigando las denuncias y sostiene que no se
han producido crímenes de lesa humanidad a gran escala.
En 2020, Khan dijo que había “bases
razonables” para creer que funcionarios gubernamentales y militares habían
perpetrado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones
arbitrarias y torturas a disidentes durante las protestas de 2017, en las que
fallecieron 125 personas.
La decisión de la Sala de
Apelaciones de la CPI fue aplaudida por organizaciones de defensa de derechos
humanos en Venezuela, en medio de las protestas para exigir la liberación de la
activista Rocío San Miguel, quien fue detenida el pasado 9 de febrero sin que
las autoridades dieran noticias sobre su paradero durante varios días ni le
permitieran acceso a sus familiares ni abogados.
San Miguel fue acusada de
participar en una supuesta conspiración para asesinar a Maduro y permanece
detenida en El Helicoide, que ha sido denunciado por la disidencia como
"el mayor centro de torturas de Venezuela".
La detención de San Miguel fue
calificada como una desaparición forzada por la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una afirmación que desató la
furia de Maduro, quien ordenó la expulsión de todo el personal de esta
instancia en Venezuela.
La Misión internacional
independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, un mecanismo de
la ONU con un mandato separado de la oficina del Alto Comisionado, ha
investigado y documentado casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes cometidos desde 2014.
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