Pedirán
ampliar decreto a perseguidos
Bancada de PDC en conferencia de prensa. |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La bancada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC)
rechazó el decreto de amnistía enviado a la Asamblea Legislativa por el
presidente Evo Morales para ser elevado a rango de ley, por “ser una burla
a las familias de los perseguidos
políticos y sobre todo a la visita del papa Francisco ante quien se aparenta
una supuesta benevolencia”.
La
jefe de bancada, Norma Piérola, indicó este miércoles que su partido exige una
verdadera amnistía que es lo que corresponde a los procesados por supuestos
delitos políticos que hasta la fecha no tengan.
Dijo
que en esta situación se encuentran los procesados de los casos Porvenir y
supuesto terrorismo con los que "el gobierno generó la mayor cantidad de
presos, perseguidos y exiliados políticos", aspecto totalmente diferente a
la figura de indulto que por práctica jurídica corresponde a detenidos
preventivos o condenados por delitos comunes.
“Lo
que está haciendo el Gobierno con la supuesta amnistía es liberar a gente presa
por delitos comunes a través de procesos abreviados, donde se obliga a la gente
a inculparse para recuperar su libertad”, manifestó la asambleísta, quien se
anticipó a señalar que, "lamentablemente, esta situación será presentada
como una práctica y vocación de perdón cristiana".
El
PDC recordó que hay cerca de 1.000 "exiliados políticos" que prueban
que durante nueve años de gobierno, el presidente Evo Morales tuvo por
costumbre esa práctica antidemocrática en contra de los opositores y todo aquel
que piensa diferente al gobierno.
Asimismo
sostuvo que la otra prueba contundente es que países como EEUU, Brasil, Perú,
Paraguay, Colombia y España otorgaron refugio político, tras verificar que los
motivos por los cuales ingresaron a su país, fueron de persecución política,
requisito exigido por tratados internacionales de las Naciones Unidas.
Tras
la negativa gubernamental de otorgar amnistía, la bancada del PDC considera
plantear ante la Asamblea una investigación internacional para que sea la
Interpol tomen el caso, comenzando por revisar la computadora de Eduardo Rózsa,
y se conozca los móviles y las conexiones con el gobierno de los supuestos
terroristas, por cuyos actos cerca de 34 familias cruceñas de líderes cívicos y
políticos opositores se "destruyeron".
La
asambleísta lamentó los enredos jurídicos del ministro de Gobierno, Carlos
Romero, porque hasta en tiempos de dictadura, la amnistía se concedió a favor
de los exiliados políticos de la oposición que fueron perseguidos, al igual que
en este gobierno aparentemente democrático, pero con “tintes fascistas”.
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