CUARTO DIA DE MOVILIZACION
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Una marcha de indígenas y campesinos de Pando cumple este sábado su cuatro día de movilización rumbo a la ciudad de La Paz, en rechazo a la Ley 157, que autoriza la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad, medida que, según los movilizados, afectaría el acceso y control de tierras en sus comunidades.
La movilización se inició el pasado miércoles con cerca de un centenar de participantes y, a medida que avanzó por carreteras del departamento, se fueron sumando afiliados a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y miembros de pueblos indígenas.
La
norma fue promulgada el 8 de abril por el presidente Rodrigo Paz y faculta al
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a cambiar la categoría de tierras
tituladas como pequeña propiedad a mediana propiedad, lo que las convierte en
susceptibles de comercialización, acceso a crédito y embargo. La promulgación
se realizó en el marco de la inauguración de la Feria Agropecruz 2026, en Santa
Cruz.
Las
primeras voces de rechazo surgieron en Pando, donde organizaciones indígenas
advirtieron que la ley podría afectar la integridad de los territorios
comunitarios de origen (TCO) y favorecer la concentración de tierras. En ese
contexto, pueblos como los Yaminahua, Machineris, Esse Ejja, Tacana, Pacahuara y
Cavineño se reunieron en una asamblea en Nanagua, donde resolvieron iniciar la
marcha.
La
movilización partió desde la localidad de Porvenir y llegó el jueves a El Sena.
Según los organizadores, se trata de la segunda marcha de este tipo en la
historia del departamento, después de la realizada en 1988 bajo la consigna de
“Tierra y Territorio”.
Dirigentes
del sector señalaron que existen al menos 322 solicitudes de dotación de
tierras para nuevas comunidades que no han sido atendidas por el INRA desde hace
más de una década, además de iniciativas legislativas pendientes. En contraste,
cuestionaron la rapidez con la que fue aprobada y promulgada la Ley 157.
Por su parte, el senador Branko Marinković, uno de los impulsores de la norma, atribuyó la movilización a la influencia de organizaciones no gubernamentales (ONG), a las que acusó de difundir información errónea sobre el contenido de la ley.

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