POLÍTICA COLOMBIA
COLOMBIA (ANB / Información de DW Noticias).- El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) fue llamado a juicio por "manipulación de testigos" en investigación sobre su participación de grupos paramilitares, condenados por crímenes de lesa humanidad.
"A partir de la evidencia
(...) un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de
acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de
los delitos de soborno a testigos y fraude procesal", indicó la Fiscalía,
sin precisar cuándo iniciará el juicio, el primero que tiene que enfrentar un
expresidente.
Uribe, de 71 años y quien siempre
ha defendido su inocencia, se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel
por un proceso que él mismo inició y que se ha convertido en bumerán judicial.
Todo empezó en 2012, cuando el
entonces senador Álvaro Uribe presentó
una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de un
supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo con grupos
paramilitares de ultraderecha, responsables de atroces violaciones de derechos
humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas de izquierda.
Cepeda, víctima acusada de los
delitos del acusador
Pero la Corte Suprema no solo
concluyó que las acusaciones contra Cepeda no tenían asidero, sino que comenzó
a investigar al hoy expresidente en 2018. El tribunal sospechó que fue Uribe, y
no su opositor, quien trató de manipular testigos.
Los altos magistrados fueron más
allá y en agosto de 2020 ordenaron el arresto domiciliario del expresidente,
mientras avanzaban en su investigación. Luego Uribe renunció al Senado y su
expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que
pesaba en su contra y reinició todo el proceso.
Cepeda recibió el llamado a
juicio "con mucha serenidad pero también satisfacción", dijo a la
televisora estatal RTVC. "Es más de una década, prácticamente 12 años, de
estar luchando frente a los tribunales de justicia (...) luego de tantos intentos por cerrar este
caso, pues al final aparece la voz de la justicia", añadió el senador.
El mandatario, muy popular por la
política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas, no ha
reaccionado a su llamado a juicio, una decisión que había anticipado desde
octubre de 2023.
Diego Cadena, el abogado de
Uribe, sindicado de corrupción
En ese entonces acusó
"vicios" en el proceso en su contra. "El Presidente Uribe es
inocente, lo único que hizo fue buscar defenderse de la búsqueda de testimonios
amañados en su contra", expresó este martes la senadora Paloma Valencia,
del partido derechista fundado por Uribe, Centro Democrático.
Diego Cadena, uno de los abogados
del exmandatario en el caso, enfrenta también un juicio por presuntamente haber
ofrecido dinero a un exparamilitar para que se retractara de testificar contra
Uribe.
La fiscalía general había
solicitado a la justicia archivar este caso en varias ocasiones, pedido que
varios jueces rechazaron por considerar que hay evidencia suficiente para
llevar a Uribe a juicio. "Esta
determinación tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba, como las declaraciones
de (...) Juan Guillermo Monsalve", un exparamilitar que asegura haber
recibido mensajes Cadena y otros emisarios de Uribe pidiendo un cambio en su
testimonio, precisó la fiscalía.
El ente investigador cambió
recientemente de dirección. La abogada Luz Camargo asumió las riendas del
organismo hace un par de semanas. La jurista fue elegida por la Corte Suprema
de una terna propuesta por el presidente de izquierda Gustavo Petro, enemigo
histórico de Uribe.
Uribe, ¿responsable de masacres,
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones?
En noviembre de 2023 testificó
ante la fiscalía en una investigación preliminar por su supuesto conocimiento
anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos.
La pesquisa surge del testimonio
del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado desde Colombia a Estados
Unidos en 2008, durante el gobierno de Uribe.
También fue denunciado ante un
tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones
y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, bajo su
gobierno, un caso conocido como "falsos positivos". La justicia de
ese país aun no se ha pronunciado sobre el caso.
jov (afp, wradio)
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