“NO TIENE NADA QUE DECLARAR”
COCHABAMBA, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El abogado Carlos Romero afirmó este sábado que el comparendo de testigo dentro del caso Zapata, emitido por la presidente del Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz, Inés Tola Fernández, en contra de Evo Morales, es un hecho político supuestamente manejado por los Ministerios de Justicia y de la Presidencia para tapar la auto prórroga de los magistrados del Órgano Judicial. Aseguró que el expresidente no recibió ninguna notificación formal.
“La amenaza de supuesta
aprehensión a Evo Morales (en caso de no presentarse) es parte del libreto
coreográfico que habrá preparado seguramente la ministra de la Presidencia, con
su amiga (Gabriela) Alcón, para decir que hay riesgo de mandamiento de aprehensión,
cuando ni siquiera hay diligencia de notificación”, declaró en una conferencia
realizada en la ciudad de Santa Cruz y transmitida por sus redes sociales.
Dijo que “Evo no tiene
absolutamente nada que declarar” porque el caso Zapata “es un caso cerrado.
Nunca existió hijo, nunca existió tía. Le pagaron 5 mil dólares a un matrimonio
humilde, a un albañil para que preste al niño”, indicó.
El caso se refiere a la polémica
información de febrero de 2016 cuando se conoció que el entonces presidente del
Estado Plurinacional mantenía una relación sentimental con su exnovia, Gabriela
Zapata Montaño, de cuya armonía habría nacido un niño que en principio se
atribuyó la paternidad al expresidente Morales. El caso sigue abierto, y se
investiga el supuesto delito de Trata de Personas.
Romero afirmó que Evo Morales es
denunciante y para comprobar que no es el padre se habría sometido a exámenes
de ADN y que la defensa de Zapata puso trabas al peritaje científico, pero
terminó “confesando que todo había sido una mentira por la que había recibido
dinero para dañar públicamente la imagen de Evo Morales”.
“Qué triste que el gobierno
nacional de Arce Catacora, a través de su ministro de Justicia, esté operando
de esta manera, inventándose comparendos para tratar de desviar (la atención
sobre los bloqueos)” manifestó, señalando que el gobierno recurre a “estas
patrañas”.
El excolaborador de Evo Morales
evitó hacer más comentarios por entender que todo se aclaró en el ámbito de la
justicia, ya que en su conferencia de prensa mostró publicaciones de prensa y
un video grabado por la exnovia de Morales, donde menciona intenciones
políticas para implicar al actual jefe del MAS.
Señaló que el gobierno intenta
con este caso tapar el malestar del pueblo boliviano porque hay unos
magistrados auto prorrogados que han protagonizado un golpe judicial por
instrucciones del ministerio de Justicia y que “son unos piratas que están
ejerciendo el cargo de manera abusiva”.
La confrontación entre el
“evismo” y el gobierno surge a raíz de la Sentencia Constitucional 1010 emitida
el 29 de diciembre de 2023 por el Tribunal Constitucional, mediante la cual
inhabilita a Evo Morales de ser candidato presidencial del MAS incluso más allá
del 2025.
El exministro de Gobierno sostuvo
que el gobierno está utilizando el caso Zapata como una carta desesperada para
proteger a sus “amiguitos corruptos que ilegalmente” ejercen el cargo de sus
magistrados, provocando, según él, el rechazo de la población y la Relatora de
las Naciones Unidas que se pronunció sobre la necesidad de realizar elecciones
judiciales para sustituir a los actuales magistrados del Órgano Judicial.
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