CRIMEN, CRIMINALIZACIÓN Y CASTIGO: DEFENSORES DE DERECHOS DEL AYLLU ACRE ANTEQUERA EN RIESGO

NACIÓN SORAS, ORURO

Por: Helan Vichevich

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES).- El paisaje de las comunidades del Ayllu Acre Antequera se asemeja al de las películas futuristas distópicas (con panorama futurista) que proyectan un mundo totalmente desertificado y devastado por los daños ambientales provocados por la explotación minera de varias décadas, en este caso lo es principalmente por la empresa minera Illapa, nuevo nombre de la Empresa Sinchi Huayra, subsidiaria de la transnacional Glencore.

 

La contaminación y el uso desmedido de recursos hídricos, a lo largo de casi dos décadas, para la explotación en la mina Bolívar provocó una tragedia ambiental que pone en riesgo la sobrevivencia de la población de este territorio ancestral y vulnera sus derechos humanos y territoriales. 

 

El Ayllu Acre Antequera,  un pueblo quechua de la Nación Soras, está ubicado en la tercera sección de la provincia Poopó en el departamento de Oruro. Lo conforman ocho comunidades: Chapana, Antequera, Charcajara, Queaqueani Grande, Queaqueani Chico, Huacuyo, Totoral Grande y Totoral Chico.  A una altura de 4200 m.s.n.m., clima seco y bastante frío, es otro territorio del altiplano boliviano con grandes yacimientos minerales que enriquecen a empresas transnacionales y cooperativas mineras dejando a su paso pobreza y abandono para sus pobladores.  Un destino que es rechazado por sus autoridades comunitarias que resisten la embestida del extractivismo.

 

Criminalización y castigo: defensores de derechos en riesgo

 

A 308 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, el Ayllu Acre Antequera es virtualmente un territorio sin ley.  No se advierte presencia estatal, todas las señales muestran que la empresa minera Illapa que explota los yacimientos de zinc y plata de la mina Bolívar tiene el control total de esa extensa región ancestral.

 

Los derechos territoriales del Ayllu Acre Antequera fueron vulnerados por siglos, pero en las últimas décadas la minería a gran escala está generando una crisis humanitaria que se manifiesta en la afectación del sistema de vida de las familias indígenas, la destrucción y contaminación de las fuentes de agua, la pérdida de fertilidad de la tierra y la desaparición de la flora y la fauna.

 

Testigos de la devastación, Hernán Roque y Bertha Ayala, decidieron actuar en defensa de los derechos humanos y ambientales de su territorio ancestral sin sospechar que tendrían que pagar un precio muy alto por su convicción y compromiso. Sus reclamos fueron respondidos por la empresa minera Illapa con violencia física y psicológica, y con demandas judiciales.

 

La criminalización y la violencia alteraron la dinámica de su representación comunitaria y tuvieron un grave impacto en su trabajo y en sus vidas.   Como consejero de Justicia de la organización tradicional, Hernán Roque, reclamó por el derecho al agua y a un ambiente territorial sano, y también exigió la reparación de los daños y los perjuicios ocasionados.  La empresa minera Illapa arremetió con una campaña de hostigamiento, persecución y vigilancia, amenazas, agresiones y una demanda judicial que a Roque le costó su estabilidad laboral y familiar.

 

El consejero de justicia tuvo que renunciar a su empleo para dedicarse de lleno a defenderse en los estrados judiciales.  Sin ingresos, gastó sus pocos ahorros en abogados y en la subsistencia de su familia, e inevitablemente sobrevino una crisis económica que derivó en crisis matrimonial.  Su esposa migró a Oruro llevándose a sus hijos y, una vez solo, judicializado y amenazado, le resultaba imposible seguir viviendo en Antequera y se estableció en el pueblo de Poopó, lo más cerca de Quequeani Chico, el pueblo donde nació y que forma parte del territorio ancestral que defiende a capa y espada. 

 

Similar suerte corrió Bertha Ayala que toda su vida se dedicó a la agricultura y cría de ganado en su comunidad Totoral Chico hasta que la escasez de agua y la infertilidad del suelo le impidieron continuar con sus actividades productivas. Afectada, como el resto de los pobladores originarios, desde 2017, año que asumió como autoridad del Ayllu, se puso la meta de defender los derechos humanos, ambientales y territoriales vulnerados por el extractivismo minero.

 

 La empresa minera Illapa repitió el mismo patrón de violencia y hostigamiento judicial con graves repercusiones en su entorno familiar. Bertha perdió su empleo y sus hijos tampoco pudieron acceder a un puesto de trabajo en la mina.  Su situación se tornó crítica y la única salida para aliviar la crisis fue migrar a Oruro con toda su familia. Pero pese a estar lejos de su territorio ancestral, jamás desistió en su lucha por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

 

 

En los seis años que lleva lidiando con la minera Illapa, desde el 2017, ha visto cómo el agua disminuye hasta prácticamente desaparecer. Eso fue lo que detonó su lucha “nuestras aguas han desaparecido, pues, los pozos han ido secando, todas las vertientes han ido secando, desapareciendo. Entonces, eso era nuestra mayor preocupación y la duda, ¿por qué se han secado? Todos nos decían que el cambio climático, eso nomás decían, pero, pese a ello, no era así. «En 2017 estaba empezando la lucha. Ya, pues, hemos empezado, como es un año nomás mi gestión, yo en ese año he enviado una serie de notas a la empresa, porque había convenios con comunidades que estaba afectando la empresa”, recuerda Bertha Ayala.

 

Fue la interpelación a la empresa por la escasez del agua, que la colocó en una situación de grave riesgo. “Hemos pedido una serie de informes, incluso hemos pedido ingresar al interior mina, para ver cómo se estaba trabajando. Porque todas las fuentes de agua estaban desapareciendo”.

 

El intento de inspeccionar el interior de la mina fue el argumento que utilizó Illapa para acusar a Hernán Roque y Bertha Ayala de avasallamiento de la propiedad minera. “Cuando hemos hablado de territorialidad, de medio ambiente, de contaminación, han empezado a judicializar. Y va a ver usted qué cantidad de agua hay en todos los ríos, ahorita no hay. Entonces eso nosotros queremos que nos repongan”, corrobora Hernán Roque.

 

Reclamar el derecho al trabajo de los comunarios fue otro factor que activó las amenazas de la empresa minera. Siendo imposible para los habitantes del Ayllu realizar actividades agrícolas y ganaderas, muchos centraron su esperanza de subsistir económicamente realizando algunas actividades mineras. “Los jóvenes que están en edad de trabajo no pueden trabajar… había también escasez de trabajo. De esa forma yo como autoridad originaria he empezado a moverme”, apunta Bertha Ayala.

 

Por ello, varios comunarios buscaron abrir una mina en la comunidad Charjara, mientras otros intentaron aprovechar los restos de minerales en la superficie de la mina Bolívar, actividad que no debía ser objetada porque está estipulada en un convenio entre la empresa y el Ayllu. Sin embargo, Illapa incumplió el acuerdo e intimidó a los comunarios.

 

En 2017, Illapa envió maquinaria para sellar la entrada de la mina y contrató a la policía para reprimir a los comunarios que intentaban reabrirla. En este operativo, cinco comunarios, incluido Hernán Roque, fueron detenidos. A Roque los policías le plantaron dinamita y fue acusado de avasallamiento minero y portación de explosivos. Estuvo preso un mes en la cárcel de San Pedro de Oruro. Pero fue liberado por falta de pruebas. No obstante, el proceso en su contra sigue latente, como para mantenerlo a raya, bajo amenaza. A Bertha Ayala se le instauró un proceso penal acusada por avasallamiento minero, por el solo hecho de pedir una inspección al interior de la mina Bolívar.  Ante la falta de pruebas el proceso en su contra fue levantado.

 

La criminalización y la judicialización, sumadas a las agresiones físicas, verbales y psicológicas desatadas por Illapa contra los defensores y comunarios del Ayllu colmó la paciencia. A mediados de mayo de 2022, hartos de los abusos, los comunarios instalaron dos puntos de vigilia y bloquearon la ruta por la que se transporta la producción de la mina Bolívar como forma de protesta pacífica.  La madrugada del 7 de junio, fueron sorprendidos por violentos altercados.   Un grupo de trabajadores de la mina, en estado de ebriedad, atacó uno de los puntos de vigilia a dinamitazos y prendió fuego a sus carpas, dejando todo en cenizas. “Han venido a desbloquear con dinamitas, han quemado nuestras carpas y nos han arrinconado, sobre todo eran personas mayores y mujeres” precisó Roque y mencionó que presentaron una denuncia en el municipio de Huanuni contra la empresa minera, pero el hecho nunca fue investigado.

 

A pesar de este violento desalojo, la resistencia de los comunarios durante los 23 días de vigilia logró evitar la instalación de ductos que transportarían desechos tóxicos sobre las tierras del Ayllu.

 

Como represalia, Illapa utilizó la radio local 16 de Marzo, afín a la empresa, para difamar y acusar falsamente a los defensores y alentar la hostilidad de los trabajadores mineros contra los comunarios y sus dirigentes. En las transmisiones se los acusaba de alentar el cierre de la mina para dejar sin fuentes laborales a los trabajadores.  La campaña radial se ensañó con los comunarios del Ayllu, con la fala acusación de que querían crear cooperativas para aprovecharse de la explotación de minerales en espacios de dominio de la empresa.

 

Los representantes del ayllu fueron criminalizados y acusados de avasallamiento minero, robo de minerales y tenencia de explosivos (Orden de Citación, Caso 155/2018, 27 de junio de 2018). Estas acusaciones no han podido ser comprobadas por las autoridades judiciales.

 

Otra víctima de la violencia es Beatriz Bautista, representante de la organización Qhana Pukara Kurmi, y abogada de los defensores del Ayllu Acre Antequera.  Además de ser objeto del mismo patrón que se aplicó en el caso de la dirigencia comunitaria, Bautista sufrió acoso digital por parte de Illapa y de los sindicatos mineros Bolívar, Avicaya y Totoral, que la amenazaron con tomar acciones violentas en caso de continuar movilizándose en la región.En Bolivia, es común que las mujeres encabecen las luchas por la defensa de los territorios y lo hacen en condiciones absolutamente desfavorables. Son víctimas de difamación con sesgos sexuales y machistas; se cuestiona su rol de madres y su dignidad como mujeres. Para doblegar su voluntad acosan a sus hijos y familias y, cada vez con más frecuencia, las difaman en las redes sociales un campo de batalla difícil de abordar por limitaciones tecnológicas.

 

Daños irremediables, con características de crímenes ambientales, ocasionado por Illapa

 

Territorialidad ocupada

 

Una de las principales demandas de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) es resguardar y recuperar la territorialidad que les corresponde como Ayllu Ancestral de la Nación Soras. Hernán Roque afirma que este territorio ancestral fue invadido por la empresa transnacional Glencore, bajo el nombre de Illapa S.A., desde el año 2013 y expandió progresivamente sus áreas de explotación con el visto bueno de instituciones estatales, dirigencias sindicales cooptadas y redes clientelares sometidas a los intereses empresariales extranjeros, . A esto se suman las amenazas y agresiones para callar a quienes cuestionan sus actos abusivos.

 

Un territorio, de manera general, está compuesto por un espacio geográfico y por la población que lo habita. La explotación de la empresa minera Illapa atentó contra la territorialidad del Ayllu afectando gravemente sus dos componentes.

 

El espacio geográfico fue invadido con la construcción de mega infraestructuras. Dos resaltan por su enorme tamaño: el dique de colas que ocupa 80 hectáreas aproximadamente, y la red de ductos que se extiende a lo largo de cinco kilómetros. Desde donde se mire, como lo constatamos en el recorrido por el territorio, estas obras destacan porque ocupan inmensas extensiones, limitando el acceso a la tierra a los comunarios. Muchos ductos atraviesan sus tierras de cultivo.

 

A la ocupación de sus tierras se suma la contaminación y el desabastecimiento de agua, una ecuación perfecta que beneficia la explotación de minerales por parte de la empresa pero que condena a la población a una migración forzada.  Con sus tierras ocupadas y sin agua, los pobladores del Ayllu Acre Antequera se vieron forzados a abandonar la agricultura y la cría de ganado, tradicionales actividades económicas de subsistencia.  Ya no hay niños, es un territorio habitado sólo por abuelos y abuelas.  ¨El extractivismo minero es responsable del etnocidio de los pueblos indígenas, y no solo de Antequera, sino de otros pueblos también”, sentencia Hernán Roque.

 

Claramente, la violencia y represión en respuesta al pedido de verificación de lo que ocurre en interior mina vulnera el derecho a acceso oportuno a información completa sobre las actividades que afectan su territorio y su vida, pero también pone de manifiesto la asimetría de poder entre las comunidades del Ayllu Acre Antequera y la empresa transnacional y las instituciones estatales que no brindan garantías para la protección de sus derechos debilitando, a su vez, su rol como dirigentes.

 

En el caso del Ayllu Acre Antequera el Estado incumple el Acuerdo de Escazú que tiene un carácter vinculante y protege los derechos de acceso a información, acceso a justicia y derecho de participación en asuntos relacionados con el medio ambiente, especialmente si las comunidades son impactadas por actividades extractivas tienen derecho a reclamar información completa sobre la afectación a sus territorios.

 

Contaminación y privación de acceso al agua Totoral Chico, la comunidad de Bertha Ayala, es una de las más afectadas por la actividad minera. El río y las fuentes de agua que fluían a un par de cuadras del poblado   desaparecieron. Solían contar con pozos de aguas termales, en los que, según Bertha, “lavaban frazadas y ropa, con esa agua calientita” y con hermosos bofedales, que ahora son deprimentes basurales.

 

Desde que la subsidiaria de la transnacional Glencore ingresó a operar la mina Bolívar, fue notoria la carencia y la contaminación de agua, junto a la contaminación atmosférica por partículas tóxicas transportadas por el aire. De acuerdo con el Informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Latinoamérica, (ISOGL 2017) las concentraciones de cianuro y amonio son muy elevadas, demostrando que el uso de reactivos por Illapa es mucho más alto de lo permitido por la Ley de Medio Ambiente 1333.

 

Debido a la extensión de los diques que contienen las aguas residuales de la explotación minera, la producción de partículas de cianuro y amonio es muy elevada. Por acuerdo entre Illapa y los habitantes del Ayllu, el antiguo dique que funcionó hasta hace casi un par de décadas, debió ser cubierto con tierra para evitar que las partículas tóxicas acumuladas de la copajira (los restos del agua residual), continúen contaminando los suelos de las comunidades aledañas. Sin embargo, pudimos constatar que hasta el 13 de noviembre de 2023 la empresa no cumplió con este acuerdo. Desde una cima del poblado se observan los restos del antiguo dique de colas, lo que, según Hernán Roque, es evidencia de “más de diez años de estar expuestos a la contaminación de los restos de copajira por la falta de voluntad de la empresa para cumplir con el tapado del dique”.

 

Los ductos que transportan agua contaminada desde la Mina Bolívar hasta el dique de colas tienen una extensión de 5 kilómetros. Son seis tuberías, colocadas unas sobre otras, de entre 9 y 12 pulgadas de diámetro.

 

Aunque a simple vista son de material sólido, según Roque en algunas ocasiones las tuberías se rompieron debido a la alta presión del agua, provocando la contaminación de tierras de cultivo. La empresa, por más que recibió las denuncias de los comunarios, no hizo nada para resarcir los daños ocasionados, “hay mucho compadrerío entre la empresa y los entes que deberían protegernos”, advierte.

 

Bertha Ayala fue incansable en sus reclamos por la escasez de agua y la contaminación ante la empresa y distintas instituciones del Estado. “Hemos pedido una serie de informes, incluso hemos pedido ingresar al interior mina, cómo se estaba trabajando, porque las aguas estaban desapareciendo, todas las fuentes de agua estaban desapareciendo, ya casi uno ya no puede ni criar animales, ya no tenemos ganado, nada… totalmente ha ido desapareciendo”.

 

La escasez de agua se debe principalmente a la extracción de los recursos hídricos subterráneos. Desde que Illapa comenzó sus actividades de explotación minera en 2013, los comunarios percibieron cómo las fuentes de agua redujeron paulatinamente hasta desaparecer, acabaron con el agua de la superficie de toda la cuenca del cañadón Antequera. La tecnología aplicada por la subsidiaria de Glencore para acaparar todos los recursos hídricos de la región consiste en la perforación del suelo a gran profundidad para quebrar las venas de agua y drenar el agua subterránea.

 

Según el ISOGL 2017, “Glencore opera a una profundidad de 380 metros bajo la superficie, por lo que se afectan gravemente los flujos de agua subterránea provocando que el nivel freático baje y desaparezcan las fuentes superficiales”. Hernán Roque corrobora este dato señalando que “los ríos subterráneos se han cortado”, y a causa de estas perforaciones, toda el agua fluye a las galerías subterráneas de la mina Bolívar.

 

La carencia de agua se debe a que la empresa utiliza actualmente 400 litros de agua por segundo. De acuerdo con el ISOGL 2017, “la licencia ambiental de la operación minera declara la salida de aguas desde el interior de la mina con un caudal de 80 litros/segundo, los mismos que desembocan al río Antequera”. En un recorrido por el territorio ancestral constatamos el impresionante caudal del agua utilizada en la mina que sale de un canal, lo que a simple vista desmiente lo declarado por Illapa. Las paredes de cemento del canal que desemboca en una acequia están cubiertas de costras minerales, al igual que de la acequia que transporta agua residual hasta el dique. La oxidación de las rocas y de la tierra por los altos niveles de la salinización y mineralización de estas aguas es evidente a primera vista.

 

Glencore, denunciada por prácticas violatorias de los DDHH en el mundo, prolonga su presencia de manera fraudulenta en Bolivia.

 

Illapa S.A., nombre usado por la empresa transnacional suiza Glencore para su subsidiaria, explota las minas Bolívar (Oruro) y Porco (Potosí) durante casi dos décadas. Esta empresa, una de las más grandes entre las transnacionales, ha sido señalada por su desmedida capacidad para explotar recursos minerales y energéticos en los países donde opera. El Informe de Sostenibilidad de Glencore en América Latina (2017) revela las consecuencias ambientales, económicas y políticas negativas resultantes de su extractivismo en varios países de la región. Según el informe, Glencore enfrenta grandes desafíos para demostrar la sostenibilidad de sus operaciones en Latinoamérica, especialmente en términos tanto de respeto a los derechos fundamentales de las comunidades locales, como de acceso al agua y protección del territorio.

 

Durante el Foro Público: Conflicto por la Actividad Minera en el Ayllu Acre Antequera, realizado el 3 de octubre de 2023 en Oruro, José Pimentel, que en 2010 asumió como ministro de Minería durante el gobierno de Evo Morales, admitió que, aunque el gobierno del MAS intentó revertir los contratos con empresas como Glencore, enfrentó la resistencia de cooperativas y trabajadores mineros. En lugar de anular los contratos, optó por negociar con Sinchi Wayra para mejorar los términos contractuales.  Tras los hechos de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada vendió las acciones de COMSUR a Glencore bajo el nombre de Sinchi Wayra.

 

Después de seis años de negociación, en abril de 2013, se aprobó un contrato por 15 años con Glencore, ahora bajo el nombre de Illapa S.A. Este contrato estipulaba una inversión de 75 millones de dólares para aumentar la producción en un 188% en cuatro años y una utilidad de 55% para la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), eliminando pagos de administración y comercialización. Sin embargo, según Pimentel modificaciones ilegales del contrato causaron pérdidas estimadas en 20 millones de dólares a la empresa minera estatal.

 

Con irregularidades incluidas, Álvaro García Linera como vicepresidente del gobierno del MAS, en junio de 2013 visitó la mina Bolívar para entregar la Ley que aprueba el contrato con Illapa. El exministro de Minería recordó que, García Linera, observó públicamente las irregularidades del contrato, que simultánea e irónicamente su gobierno aprobaba.

 

Con contrato en mano, en 2021, la Glencore vendió sus intereses en Bolivia a la empresa canadiense Santa Cruz Silver Mining por 110 millones de dólares. La transferencia, ajustada a las leyes canadienses, no contó con la participación del Estado boliviano.

 

El gobierno del MAS demostró total incapacidad para resguardar los intereses del Estado. Pimentel, admitió que el gobierno se sometió a los intereses económicos de la Glencore, la transnacional a la que se le otorgó el derecho a de explotación ilimitada de los recursos no renovables de la mina Bolívar, generando graves conflictos y condiciones de vulneración de derechos de los territorios y de sus defensores.

 

El caso Illapa – Acre Antequera, muestra viva del impacto del extractivismo minero en Bolivia: saqueo de recursos naturales y violación de derechos

 

El extractivismo minero a nivel nacional y en el municipio de Antequera es depredador. Los ingresos percibidos por el Estado por la explotación y exportación minera son muy reducidos en comparación con las elevadísimas ganancias obtenidas por las empresas mineras transnacionales o cooperativizadas. Igualmente sucede en el caso de la generación de regalías del municipio Antequera, que percibe un monto ínfimo del total de las regalías que genera el valor de las exportaciones de minerales. El siguiente cuadro expresa el saqueo de recursos por las empresas mineras transnacionales.

 

El Estado de Derecho no existe en el marco del modelo económico basado en la extracción de recursos naturales que, como en el caso del Ayllu Acre Antequera, permite la explotación de minerales a gran escala, sin garantizar los derechos de la población local.

 

El predominio de este modelo de “desarrollo” va de la mano del debilitamiento del Estado social de derecho y pone toda la infraestructura del Estado -el ejecutivo, el legislativo y el judicial- al servicio de los intereses extractivistas, restringe los espacios de actuación colectiva y pone en situación de riesgo creciente a los defensores de derechos.  La estrategia es silenciar, castigar, disciplinar, ejemplarizar para limitar la capacidad colectiva de defensa de los derechos.

 

Esta investigación ha constatado que estos patrones de violencia han sido activados por la empresa Illapa en contra los defensores del Ayllu Acre Antequera. En el siguiente esquema se puede observar la manera en que la empresa minera Illapa, acciones de violencia sistemática en contra de la colectividad y de los defensores de ese territorio ancestral que incluyen agresiones físicas, cooptación de dirigentes, vulneración del derecho al trabajo, violencia psicológica, judicialización y violencia económica.

 

Se trata de acciones intencionadas dirigidas a dividir a sus entidades matrices y crear organizaciones paralelas para enfrentar a unas contra otras, corromper liderazgos, restringir el acceso a la información, usar de manera abusiva el derecho penal para la judicialización, limitar las fuentes de generación de ingresos para asfixiar económicamente a las y los defensores, al punto de obligarlos a migrar, buscar otras fuentes de subsistencia y alejarse de sus comunidades de origen.

 

¿Silencio cómplice o negligencia estatal? La resistencia y defensa de la vida en el Ayllu Acre Antequera como respuesta al saqueo y avasallamiento de su territorio, contaminación y agotamiento de un recurso vital como es el agua, ha sido respondida con violencia desmedida por parte de la transnacional que desde hace años explota los recursos de ese territorio y evidencia el silencio cómplice de las instituciones estatales municipales, departamentales y nacionales que omiten su responsabilidad de proteger a los defensores de derechos.

 

La presente investigación ha constatado una notable ausencia de las entidades estatales responsables de la protección de derechos humanos, ambientales y territoriales.   Los reclamos interpuestos por las autoridades comunitarias ante instancias ministeriales y la Defensoría del Pueblo, no obtuvieron respuestas y las explicaciones solicitadas por este medio no llegaron o soslayaron responsabilidades.

 

Para este reportaje se enviaron peticiones de información a la Defensoría del Pueblo,  a los ministerios de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Minería y Metalurgia (MMyM), y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

 

Luego de tres visitas al despacho de MMyM nos remitieron a la Unidad de Medio Ambiente que, tras dos visitas, alegaron que no tenían tiempo para responder y que nuestra solicitud fue archivada, tal como hicieron con las peticiones de los defensores del Ayllu en el pasado.Al filo del cierre de este reportaje, la Defensoría del Pueblo remitió un informe detallando su papel como mediador a través de su Delegación en Oruro a petición del Tata Mallku, Juan Eugenio Huayllas en julio de 2023.  Aunque detalla que un mes antes avalaron un acuerdo por el que “la Gobernación (de Oruro) se comprometía a realizar una evaluación ambiental en tres semanas la empresa se comprometía a paralizar cualquier construcción de cañerías, así como la COMIBOL a enviar equipos técnicos y se iba a intermediar ante el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minería”, se limitó a recibir el informe de la COMIBOL que da cuenta que “habría solicitado un estudio hidrogeológico de la zona de Antequera”.  Un año después de la petición queda claro que no hubo una actuación diligente en este caso, el informe del delegado defensorial de Oruro, Juan Arroyo Martínez, anuncia que “se realizará seguimiento a las notas presentadas en este conflicto por la delegación departamental, ante la gobernación y ante la instancia nacional”.

 

El MMyA se limitó a informar que la licencia ambiental de la empresa minera Illapa está actualizada y delegó la responsabilidad del seguimiento de las denuncias de contaminación a la autoridad competente encargada de temas medioambientales del departamento de Oruro. La AJAM, por su parte, refirió que en este caso no tenía la obligación de realizar la consulta previa en esta región, argumentando la existencia de derechos preconstituidos.

 

De espaldas a la realidad, la burocracia estatal se llena de papeleo y desconoce la realidad de los pueblos que reclaman sus derechos humanos, ambientales y territoriales.  Se desconoce lo que ocurre a 308 kilómetros de la sede de Gobierno porque para llegar al Ayllu Acre Antequera hay que viajar cinco horas y media en transporte privado, puesto que el transporte público está restringido por la empresa Illapa por temor a que los forasteros husmeen y develen lo que ocurre en este territorio.

 

Esta es una historia que se repite en América Latina, advierte la experta en protección a defensores de derechos humanos, Alexandra Loaiza luego de escuchar el relato de los defensores del Ayllu Acre Antezana en el marco del Seminario Internacional sobre la Reducción del Espacio Cívico y Situación de Riesgo de Defensores de Derechos Humanos en Bolivia que tuvo lugar en La Paz el 27 de noviembre de 2023. Y subraya que el caso muestra una constante: las luchas de las y los defensores de derechos humanos, ambientales y de la naturaleza son profundamente asimétricas y muestran a “comunidades campesinas asiladas, sin conectividad, frente a empresas multinacionales poderosas o frente al propio Estado”.

 

Pese al reconocimiento de la legitimidad de la defensa de los derechos humanos, en Bolivia como en el resto de los países de América Latina, es una de las labores más peligrosas del mundo, las personas, sus familias, sus organizaciones y sus comunidades son amenazadas, atacadas, asesinadas, estigmatizadas, encarceladas e intimidades de diversas formas. Solo tienen su capacidad de cohesión y acción colectiva para cambiar esta correlación desigual.

 

Este reportaje forma parte del proyecto «Visibilización de la situación de riesgo de defensores de derechos humanos en Bolivia», desarrollado por el CEDIB, en alianza con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y con el apoyo de la Embajada de Alemania en Bolivia.