ASEGURAN QUE IMPUTACIÓN A LÍDERES CÍVICOS RATIFICA LA POLÍTICA DE ODIO SELECTIVO DEL MAS A SANTA CRUZ

CUESTIONAN IMPUNIDAD DE JHONNY FERNANDEZ

SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El analista Luis Alberto Ruiz aseguró este domingo que la reciente imputación del Ministerio Público contra líderes cívicos y dirigentes cruceños que impulsaron el paro en demanda del Censo de Población y Vivienda, ratifica la línea dura y la política de odio selectivo del MAS hacia Santa Cruz, donde los opositores son perseguidos y los corruptos pro oficialistas son tolerados.

 

La semana pasada se conoció que, a instancias del Viceministerio de Transparencia, la Fiscalía remitió al Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, la imputación contra el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el gobernador Luis Fernando Camacho, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar; el vicerrector Reinerio Vargas y el abogado José Luis Santiesteban.

 

Ruiz recordó que la actitud de revancha es tan grande y la política “colonizadora del MAS a Santa Cruz” tan ambiciosa que el expresidente Rómulo Calvo tiene 28 juicios y recientemente el exlíder cívico de Puerto Quijarro, Mario Rodríguez, pasó del hospital a la cárcel de Palmasola con detención de seis meses por la muerte de una persona en medio del paro por el censo.

 

Dijo que en esa misma línea lo entregaron a Luis Fernando Camacho en un operativo armado por el gobierno en complicidad con algún entorno del gobernador. Indicó que, en círculos políticos de Santa Cruz, se comenta que fue el exasesor de Evo Morales, Walter Chávez, quien coadyuvó la entrega “tras haberse infiltrado” como asesor en la Gobernación cruceña.

 

Sostuvo que el resentimiento masista no solamente lo sufren los políticos de la oposición, sino también los empresarios de la agroindustria cruceña a través de la represión administrativa estatal con la reversión de tierras a fin de debilitar el modelo económico cruceño.

 

Afirmó que, en contrapartida, todo aquel que esté de acuerdo con la represión a los opositores vive tranquilo en Santa Cruz y es premiado con algo que ni parlamentarios tienen: indulgencia judicial e impunidad jurídica.

 

Manifestó que este es el caso del “nefasto alcalde de Santa Cruz Jhonny Fernández quien por semana tiene dos denuncias de supuesta corrupción y el gobierno y el Ministerio Público no le sacan ni la lengua, cuando lo correcto sería investigar las inmensas fortunas mal habidas de algunos funcionarios municipales, comenzado por Jhonny Fernández que afloran a la vista de todos los cruceños”.

 

Indicó que estos hechos alejan más al presidente Luis Arce Catacora de Santa Cruz porque están judicializando los 21 días de paro de 2019 y 36 días por el Censo, sustituyendo jueces naturales por “jueces naturalmente políticos” al llevarse todos los juicios a La Paz.

 

“Esta es una persecución abusiva contra todos los que piensan diferente, pero tolera casos de presunta corrupción de Jhonny Fernández y su clan familiar que no tienen ni un proceso abierto porque estuvieron en contra del paro por el censo y apoyaron con camionetas de la alcaldía para que se pateen líderes cívicos y mujeres en las rotondas, es decir, el gobierno apoya a los represores y castiga a una población que pedía censo”, comentó.