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LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) garantizó la realización de las elecciones judiciales para el domingo 3 de diciembre en caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional concluya el proceso de preselección el domingo 3 de septiembre y entregue las listas de postulantes preseleccionados al día siguiente.
En un documento leído por el vicepresidente
del órgano electoral, Francisco Vargas, se hicieron conocer las cuatro
conclusiones tras un encuentro de vocales naciones y departamentales en
Porongo, Santa Cruz, entre este jueves y viernes.
En el primer punto, el TSE
garantizó el desarrollo de las actividades relacionadas para llevar a cabo la
elección judicial el domingo 3 de diciembre. Esa fecha permitirá la entrega de
las credenciales a las autoridades electas hasta fin de este año y de esa
manera sean posesionados el martes 2 de enero para que asuman funciones a
partir del 3 de enero de 2024 en reemplazo de las autoridades salientes.
Sin embargo, el Órgano Electoral
Plurinacional advirtió que para lograr ese propósito es “imprescindible” que el
Legislativo convoque “oportunamente” al proceso de postulación y preselección
de candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP), cuyo proceso debería concluir el domingo 3 de septiembre “para entregar
al TSE las listas de candidatos preseleccionados el lunes 4 de septiembre”.
De esa manera, se pueda convocar
ese mismo día a las citadas elecciones “respetando el plazo mínimo de 90 días
que debe existir entre la convocatoria y la fecha de elecciones como establece
la ley 026 del Régimen Electoral en el parágrafo 1 de su artículo 94”.
“El Órgano Electoral
Plurinacional no garantiza la entrega de credenciales a las autoridades electas
si la nómina de candidatos preseleccionados no es remitida por la asamblea
legislativa plurinacional hasta el domingo 3 de septiembre del 2023”, se advierte
en el tercer punto.
En el último punto, el TSE
ratificó su compromiso institucional con el ejercicio de la democracia y con
los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos para advertir de las
necesidades del “respeto a los plazos técnicos y legales mínimos con el fin de
cumplir su misión constitucional”.
Desde el 27 de abril el proceso
se encuentra paralizado por una acción de inconstitucionalidad abstracta
interpuesta por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, contra el nuevo
reglamento y la convocatoria de la preselección judicial.
Según el legislador, el
reglamento se aprobó mediante una resolución de la Asamblea Legislativa y no a
través de una ley, como sucedió en las elecciones judiciales de 2017.
Hasta el momento se aguarda la
resolución que emita el TCP. La decisión final se prevé que se conozca para
finales de este mes. //agc
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