LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CUESTIONA IMPUNIDAD POR EL ASESINATO DE LA CONCEJALA JUANA QUISPE HACE 11 AÑOS

JUICIO POSTERGADO

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Defensoría del Pueblo cuestionó los “casi 11 años de impunidad” por el asesinato de la concejala del municipio paceño de Ancoraimes, Juana Quispe, quien murió asesinada el 13 de marzo de 2012 y lamentó que el Estado no haya “cumplido con su obligación o responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

 

A través de un comunicado, el ente defensorial, expresó su preocupación por el “emblemático e histórico” caso que posteriormente impulsó el tratamiento y la promulgación de la Ley 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.

 

El pasado 10 de febrero fue suspendida la audiencia de juicio oral del caso de Quispe y la Defensoría del Pueblo y exhortó a que en las instancias judiciales competentes se tomen “las medidas necesarias para el esclarecimiento y sanción de este delito”.

 

“A la fecha, por la retardación de justicia existente, el Estado Plurinacional de Bolivia no ha cumplido con su obligación o responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”, señala el comunicado.

 

Recordó además que a más de una década del hecho, aún no se cuenta con una sentencia, pese que la familia y la defensa de la exautoridad reunieron evidencias durante la investigación, que sustentan que el hecho es un crimen político y en el que estarían involucrados un exalcalde y dos exconcejales de Ancoraimes.

 

Además, con carácter de urgencia, la Defensoría del Pueblo exhortó a que se convoque al Mecanismo de Prevención y atención inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y/o violencia política, para la coordinación, atención y articulación de acciones en el presente caso y otros que se presentasen.

 

En vida, Juana Quispe fue conocida por el liderazgo que tuvo en su natal Llojllata Laymini, cantón ubicado en el mismo municipio de Ancoraimes, lo que la llevó a continuar en la carrera política. Sin embargo, en el camino tuvo que atravesar una serie de trabas que la impidieron ejercer el cargo de concejala lo que la obligaron a renunciar bajo presiones hasta llegar a su muerte.