FAMILIARES INCOMUNICADOS
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Cientos de manifestantes fueron reprimidos nuevamente por la Policía Boliviana, en una marcha de protesta inédita a horas de recibir el Año Nuevo en la ciudad de Santa Cruz, donde autoridades de la Gobernación, cívicos y familiares salieron este sábado a las calles exigiendo la libertad de Luis Fernando Camacho, recluido en la cárcel de Chonchocoro.
Esta jornada, el vicegobernador
de Santa Cruz, Mario Aguilera, el presidente de la Asamblea Legislativa
Departamental, Zvonko Matkovic fueron los más afectados con la fuerte
gasificación, mientras que la asambleísta Paola Aguirre resultó herida e
internada en un centro de salud.
La asambleísta recibió un fuerte
golpe en la cabeza que le provocó desangramiento y fue llevada de emergencia a
un hospital especializado donde debía ser sometida a un tratamiento riguroso.
En la marcha también participaron
los familiares del gobernador cruceño y aseguraron que su padre está totalmente
incomunicado desde el pasado 28 de diciembre, cuando fuerzas de élite
interceptaron una vagoneta para aprehenderlo por la fuerza y trasladarlo a La
Paz, supuestamente, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el
fiscal Omar Mejillones.
Uno de los hijos ratificó que
“hoy por hoy, no se deja entrar ningún medicamento (a la cárcel de Chonchocoro)
y se tiene que demostrar cada día que sí está mal en verdad”. Manifestó que ni
siquiera el informe del médico de cabecera basta para que las autoridades de
régimen penitenciario permitan el ingreso de medicamentos.
En un mensaje a su padre, pidió a
Luis Fernando Camacho que sea fuerte, que va a salir de esta contingencia y que
“no se van a llevar la democracia”.
César Muñoz, investigador senior
de las Américas en Human Rights Watch (HRW), dijo que en su cuenta de twitter
que el “El Estado, encabezado por el presidente Luis Arce es responsable por la
salud de todas las personas en detención. Las autoridades carcelarias deben
garantizar atención médica adecuada para Camacho, incluyendo su traslado a un
hospital si es necesario para que la reciba”.
Muñoz expresó su preocupación por
la forma en que se está llevando a cabo el proceso penal por terrorismo, donde
Arce y la exdiputada Lidia Paty son querellantes, ante una justicia que sigue
con los mismos defectos de la gestión de Evo Morales.
Recuerda que Arce se comprometió
a reformar la justicia y no la ha cumplido y en su lugar se observa procesos
contra opositores políticos con graves denuncias de violaciones del debido
proceso, como ocurría en los gobiernos de Morales y Añez.
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