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LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Después de que un juez determinó que Jeanine Añez no tiene el privilegio de juicio de responsabilidades, el abogado de la exmandataria, Alaín de Canedo, afirmó que en última instancia llevarán el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que “tarde o temprano” el Estado deberá pagar una indemnización millonaria.
El jurista se pronunció después
de que el juez Heber Torrejón consideró que Añez no asumió la presidencia de
manera constitucional y que, según su criterio, un juicio de responsabilidades
sólo corresponde a presidentes constitucionales.
De Canedo criticó la decisión y
criterio del juez, puesto que el artículo 184 de la Constitución Política del
Estado señala que un Presidente debe ser juzgado en el Tribunal Supremo de
Justicia previa aprobación del Legislativo, por delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones.
Como ejemplo hipotético, el
jurista mencionó que incluso en el “absurdo” de que Añez hubiese sido
presidenta “de facto” (cosa que no podría determinar el juez) y aunque hubiese
cometido un delito flagrante, igual le correspondería un juicio de
responsabilidades.
Señaló que incluso a Luis García
Meza, que era un dictador, no se le negó el derecho de juicio de
responsabilidades. Consideró que el juez Torrejón borró de un “plumazo” 200
años de historia jurídica de Bolivia, donde hubo 20 juicios de este tipo.
El abogado de Añez manifestó que,
agotando los recursos internos, se prevé llevar este tema al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, donde sólo se tendría que probar la
vulneración al artículo 184 de la Constitución para tener un fallo a favor de
la exmandataria.
Reconoció el tiempo largo que
podría tardar este procedimiento y recordó, por ejemplo, que en el caso Hotel
Las Américas recién la CIDH emitió un informe de fondo sobre un hecho de 2009,
pero enfatizó que, aunque tarde, el Estado tendrá que pagar una indemnización a
Añez o sus descendientes.
“Tarde o temprano, tal vez no sea
yo, tal vez se obviamente otra persona, pero tarde o temprano esto va a
repercutir obviamente en una indemnización millonaria, en una penalidad hacia
el Estado”, dijo De Canedo en el programa La Tarde en Directo de ERBOL.
Señaló que, sobre todo, con esa
decisión se afectará la imagen del país y establecerá que no existe Estado de
Derecho.
De Canedo explicó que una vez se
pague la indemnización, el Estado podrá realizar la acción de repetición, es
decir, procesar a los funcionarios que provocaron esa pérdida económica para
que la resarzan.
Indicó que en este caso estarían
involucrados jueces, fiscales, administrativos y todos lo que tuvieron que ver
con la violación de derechos de la exmandataria.
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