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domingo, 17 de julio de 2022

LAUDO ARBITRAL ORDENA BOLIVIA PAGAR $US105 MILLONES A BBVA POR LA NACIONALIZACIÓN DE LA AFP

FALLO CONTRA EL ESTADO


LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).-
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió un laudo arbitral que ordena a Bolivia pagar 105 millones de dólares al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), como indemnización e intereses debido al proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

El proceso arbitral fue iniciado en 2018 por parte de la empresa española, en relación con el proceso de traspaso de la AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) BBVA Previsión al Gobierno de Bolivia.

 

Según los documentos del laudo, BBVA alegó que el proceso de transición por la nacionalización de las pensiones ha sido caótico y generó incertidumbre jurídica, pero además ha sido víctima de una campaña de hostigamiento por parte de Bolivia al condicionar su salida del país al pago de contingencias y a una ola de fiscalizaciones.

 

Bolivia, por su parte, negó que BBVA esté ‘atrapada en Bolivia’ por cuanto la continuidad en la prestación del servicio es una obligación por el contrato de 1996. También negó que haya hostigamiento y atribuyó la demora de la transición a la migración de datos a la Gestora Pública.

 

El Estado boliviano pidió a la CIADI que se declare incompetente para tratar este tema, que desestime los reclamos de BBVA o, en su defecto, establezca que no puede ordenar el pago de la indemnización.

 

En el laudo, emitido el 12 de julio, la CIADI se declaró competente para tratar el caso y determinó que Bolivia no otorgó un trato justo a BBVA y tomó medidas arbitrarias que obstaculizaron la disposición de la inversión.

 

En ese marco, ordenó que Bolivia pague a BBVA la suma de $us94,8 millones a título de indemnización, pero además $us 10.217.182 a título de intereses compuestos.

 

Asimismo, el laudo establece que cada parte pague sus propios costos de representación,

 

Además, la CIADI ordenó a BBVA poner a disposición de Bolivia y que el Estado tendrá un año para aceptar la transferencia de las acciones.

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