RECURSO ANTE LA JUSTICIA PONE EN VILO ANULACIÓN DE LA SIGLA DEL MAS

AUDIENCIA DEL 5 DE OTUBRE

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Un recurso de Acción de cumplimiento admitido por la Sala Constitucional Segunda del TDJ de La Paz  pone en vilo nuevamente la anulación de la sigla del MAS, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió en julio de este año enviar en consulta la aplicación del 136 de la Ley 026 de Régimen Electoral al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

 

La senadora accionante Carmen Eva Gonzales dijo que la audiencia fue confirmada para el 5 de octubre a horas 11:00 en la ciudad de La Paz, donde al  menos unos 70 terceros interesados se sumaron a su demanda en contra del presidente del TSE, Salvador Romero a quien responsabiliza por esa absurda decisión de no cancelar la sigla del MAS.

 

Dijo que el TSE debió aplicar la ley como ocurrió en el caso de Ernesto Suárez el 2015 y anular a toda su plancha de candidatos del MAS por incumplir la Ley Electoral, claudicando ante un pedido del MAS de enviar en revisión el artículo 136.

 

“Cómo puede el TSE obedecer a un partido político que le obliga incluso a infringir su mismo mandato que dice que ellos deben dirimir temas de carácter electoral, pero el MAS les dice mande a otra parte y los vocales corriendo fueron a dejar un tema que es de su competencia”, manifestó a Erbol.

 

Sostuvo que la prueba que fue una decisión política del TSE es que el Tribunal Constitucional hasta el día de hoy se no pronunció y “no dijo ni un pío sobre lo que remitió el Órgano Electoral”.

 

Afirmó que la Acción de Cumplimiento  busca corregir el “lavado de manos” del presidente del TSE, Salvador Romero, que ha ocasionado la Acción de Cumplimiento al que 70 instituciones entre comités cívicos, sindicatos, organizaciones y plataformas se  adhirieron y que participarán en la audiencia del próximo lunes en la vía virtual o presencial.

 

Gonzales indicó que ahora la responsabilidad está en manos de los vocales Remberto Pomier y la doctora Blanca Alarcón para que con una resolución se obligue al TSE a cumplir la ley disponiendo la inhabilitación del partido o puede rechazar la demanda dejando la competencia al Tribunal Electoral.