LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La ministra de Salud, Ariana Campero, advirtió el viernes
que no cederá a los "chantajes" de aquellos médicos que trafican con
pacientes y lucran con la salud, los mismos que se oponen -dijo- a la creación
de una autoridad de fiscalización de los servicios públicos y privados.
"En Bolivia falta mucha norma por
hacer en salud y quieren doblarnos el brazo chantajeándonos con un paro de 16
días a costa del pueblo, pero necesitamos una autoridad que controle",
dijo a la radio estatal Patria Nueva.
El Ministerio de Salud abrió nuevamente las
puertas del diálogo al Colegio Médico de Bolivia para redactar "de
cero" la regulación del sector salud, pero algunos dirigentes médicos
exigen que el sector privado sea excluido de la norma.
"Chile, Brasil, Argentina, Colombia,
Perú tienen las autoridad de fiscalización ¿Y cuál ha sido un eje común en
todos los países para crear esta autoridad? Precisamente el tema del control
entre privado, público y seguridad social", explicó Campero.
En Bolivia el tráfico de pacientes "es
una realidad", subrayó, debido a la falta de especialistas, equipos y
problemas de hacinamiento, una situación que aseguró generó la expansión de
clínicas y consultorios privados.
Una de las funciones de la Autoridad de
Fiscalización y Control del Sistema de Salud que pretende poner en marcha el
Ministerio de Salud es controlar el cumplimiento de protocolos y normas de
bioseguridad, aranceles "justos" y otros aspectos técnicos para el
funcionamiento de clínicas privadas, recordó.
"No queremos hacerles entrar en
quiebra, tienen derecho a trabajar en lo privado, pero el Estado tiene la
obligación de regular y que no se cometan excesos", agregó Campero y
comentó que conoció un caso particular en el que los familiares de una persona
que estuvo 20 días en terapia intensiva y falleció tuvieron que pagar a una
clínica privada 140.000 bolivianos, de los que 80.000 bolivianos fueron por
honorarios médicos.
La ministra de Salud explicó que en la
actualidad el Colegio Médico de Bolivia es el que establece los aranceles.
"La salud no es una mercancía, la
salud es un derecho. (...), no puede haber un enriquecimiento a costa de la
salud, de la gente", sustentó.
Además, recordó que grupos de médicos
establecieron "círculos viciosos" para aprovecharse de los equipos e
insumos de centros de salud públicos para negocios privados, como quedó
expuesto con las 18.000 pruebas patológicas en el Hospital Obrero.
"Esas 18.000 pruebas se fueron a
bolsillos de los privados", deploró la MInistra de Salud.
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